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Tal como se anticipaba desde hace semanas, la justicia colombiana volvió a demostrar que, cuando se trata de proteger a los altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, los plazos se estiran, las pruebas se diluyen y la impunidad se impone con matemática precisión. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, uno de los principales responsables del escándalo de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Bonilla había sido imputado el 1 de diciembre de 2025 por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Se trataba de uno de los casos más graves de desfalco de recursos públicos durante este gobierno: miles de millones de pesos destinados supuestamente a atender emergencias y desastres naturales terminaron desviados hacia bolsillos privados mediante contratos irregulares y alianzas criminales.
La magistrada argumentó que la Fiscalía radicó el escrito de acusación durante la diligencia de solicitud, por lo que se habrían cumplido más de 120 días desde la imputación, configurándose el vencimiento de términos. Traducción: el Estado, bajo control petrista, no logró sostener el proceso con la celeridad mínima requerida, y el exministro —estrecho colaborador de Petro y pieza clave en la maquinaria financiera del gobierno— recupera su libertad sin haber sido juzgado ni condenado.
Este resultado no es un error técnico ni una casualidad judicial. Es el desenlace previsible de un sistema de justicia capturado por la izquierda radical. Durante todo el escándalo de la UNGRD, el gobierno Petro ha intentado minimizar el caso, culpar a “enemigos políticos” y proteger a sus funcionarios más cercanos. Ricardo Bonilla no era un ministro cualquiera: era el hombre de confianza de Petro en las finanzas públicas, el mismo que manejaba los hilos del presupuesto nacional mientras se denunciaban irregularidades millonarias en la entidad encargada de salvar vidas en momentos de crisis.
Que un imputado por concierto para delinquir agravado y cohecho salga libre por “vencimiento de términos” envía un mensaje clarísimo a la opinión pública: en Colombia bajo el petrismo, la corrupción de alto nivel tiene impunidad garantizada. Mientras las cárceles siguen llenas de ciudadanos comunes, los grandes corruptos del gobierno caminan tranquilos por las calles. Es el mismo patrón que se repite en Venezuela, Nicaragua y otros regímenes de izquierda: los aliados del poder quedan blindados, mientras la oposición y los ciudadanos críticos son perseguidos con todo el peso de la ley.
El caso UNGRD no es un hecho aislado. Forma parte de un patrón más amplio de deterioro institucional bajo este gobierno: escándalos de contratación opaca, investigaciones internacionales por presuntos nexos con el narcotráfico, amenazas a alcaldes que no obedecen, y una “paz total” que en la práctica ha significado entregar recursos públicos a estructuras criminales. Ahora, el hombre que debía vigilar el uso correcto de esos recursos sale libre sin rendir cuentas.
Los colombianos que todavía creen en la justicia y en la decencia pública tienen razones de sobra para indignarse. Mientras Petro y sus ministros siguen hablando de “ética” y de “luchar contra la corrupción de la derecha”, sus más cercanos colaboradores salen impunes de los tribunales. La liberación de Ricardo Bonilla no solo es un golpe a la credibilidad de la Fiscalía y los jueces; es una bofetada a todas las víctimas de la corrupción estatal, a los damnificados por desastres que nunca recibieron ayuda y a los contribuyentes que ven cómo su dinero se evapora en manos de la casta petrista.
Este caso confirma, una vez más, que el proyecto de izquierda que gobierna Colombia no busca transparencia ni rendición de cuentas. Busca poder absoluto y protección para los suyos. Si Bonilla sale libre hoy, mañana serán otros los que queden blindados por el mismo mecanismo. La impunidad no es un accidente; es la política oficial del petrismo.
Colombia necesita urgentemente una justicia independiente, rápida y severa con los corruptos de alto nivel. Mientras eso no ocurra, casos como el de Ricardo Bonilla seguirán repitiéndose, y el país seguirá hundiéndose en el pantano de la corrupción institucionalizada que la izquierda ha normalizado como parte de su “cambio”.
