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Una nueva controversia surgió alrededor del Gobierno de Gustavo Petro luego de conocerse la adjudicación de contratos por más de $218.000 millones al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una de las organizaciones indígenas más influyentes del país. La información, revelada a partir de documentación contractual, generó cuestionamientos por las condiciones en las que se realizaron dichas contrataciones y su coincidencia con el calendario electoral.
De acuerdo con los datos conocidos, entre 2024 y 2026 se suscribieron al menos 23 contratos con esta organización, a través de múltiples entidades del Estado, incluyendo el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Unidad Nacional de Protección (UNP), entre otras. Esta amplia participación institucional evidenció el volumen de recursos comprometidos y el alcance de los acuerdos.
Uno de los puntos que generó mayor controversia fue el momento en el que se firmaron algunos contratos. En particular, el 30 de enero de 2026, a pocas horas de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, se adjudicaron contratos por cerca de $3.929 millones, lo que despertó dudas sobre la premura en la asignación de estos recursos antes de las restricciones legales propias del periodo preelectoral.
Entre los contratos más relevantes se encontró uno firmado entre la UNP y el CRIC por $2.559 millones, cuyo objetivo era implementar medidas de protección para líderes indígenas con enfoque diferencial. Ese mismo día también se suscribió otro contrato por $1.220 millones con el Departamento Nacional de Planeación, enfocado en procesos de consulta previa en territorios indígenas.
Sin embargo, más allá del objeto de los contratos, el debate se centró en los mecanismos utilizados para su adjudicación. Varios de estos acuerdos se habrían firmado bajo esquemas flexibles, apelando a criterios como la representatividad territorial y el llamado “conocimiento ancestral”, lo que, según expertos, dificulta los procesos de control, supervisión y verificación del uso de los recursos públicos.
Este tipo de contratación se enmarcó dentro de una práctica más amplia impulsada por el Gobierno, que incluyó la firma de más de 80.000 contratos con Asociaciones Público-Populares, como juntas de acción comunal y organizaciones indígenas. Estas figuras, aunque contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, han sido objeto de debate por su impacto en la transparencia de la contratación estatal.
El contexto político también jugó un papel relevante en la controversia. Las contrataciones coincidieron con el inicio de la campaña electoral hacia las elecciones presidenciales de 2026, en las que el Pacto Histórico —movimiento político cercano a varias organizaciones indígenas— tenía un rol protagónico. Este elemento generó inquietudes sobre una posible relación entre la asignación de recursos y la dinámica política.
Adicionalmente, se puso sobre la mesa la cercanía entre el movimiento indígena y figuras clave del escenario político, como la designación de Aída Quilcué, líder indígena y exrepresentante del CRIC, como fórmula vicepresidencial en la contienda electoral. Este hecho reforzó las lecturas críticas sobre el contexto en el que se realizaron las contrataciones.
Expertos en transparencia y lucha contra la corrupción advirtieron que, aunque la asignación de recursos a comunidades indígenas no es irregular en sí misma, los mecanismos utilizados pueden generar riesgos cuando no se aplican estándares claros de competencia y control. En ese sentido, se señaló que la falta de trazabilidad en algunos contratos podría abrir espacios para el uso indebido de recursos públicos.
