El debate político se intensificó tras señalamientos de que grupos armados en zonas de riesgo electoral habrían presionado a la población civil a votar por el pacto histórico.

Paloma Valencia cuestionó el origen de la votación obtenida por el Pacto Histórico en las elecciones legislativas. Según lo señalado, el 54% de los votos al Congreso de esa colectividad habría provenido de municipios catalogados como de riesgo extremo por la Misión de Observación Electoral (MOE), lo que desató un nuevo debate sobre las condiciones en las que se desarrollaron los comicios.

La afirmación es un cuestionamiento directo a la legitimidad de los resultados electorales en dichas zonas, particularmente en territorios donde históricamente se han identificado factores de riesgo como la presencia de grupos armados ilegales como las Farc y el ELN, que ejercen presiones sobre el electorado, violan sus libertades y causan dificultades en las garantías de participación política.

Esta postura fue respaldada por otros sectores políticos que insistieron en la necesidad de revisar las condiciones de seguridad y transparencia en las regiones con mayor nivel de riesgo electoral.

Por otro lado, el señalamiento sobre los municipios en riesgo extremo remitió directamente a los informes de la MOE, que ha advertido en múltiples ocasiones sobre las dificultades que enfrentan ciertas regiones del país en materia de garantías electorales, debido a factores como la violencia, la presencia de economías ilegales y la influencia de estructuras armadas.