El caso de Catalina Giraldo Silva abrió un debate jurídico y médico en Colombia tras solicitar un procedimiento no regulado en el país.

La historia de Catalina Giraldo Silva, una psicóloga de 30 años, se convirtió en un caso emblemático dentro del debate sobre el derecho a morir dignamente en Colombia, luego de que solicitara a su EPS la autorización para acceder a un procedimiento de suicidio médicamente asistido, una figura que, aunque había sido despenalizada por la Corte Constitucional en 2022, continuaba sin una reglamentación clara dentro del sistema de salud.

Durante años, la mujer había enfrentado un complejo cuadro clínico relacionado con su salud mental. Según su propio testimonio, su vida estuvo marcada por un sufrimiento persistente que no solo se manifestaba a nivel emocional, sino también físico. La sensación constante de angustia, ansiedad y vacío se traducía en síntomas como palpitaciones aceleradas, dificultad para respirar, temblores y episodios prolongados de insomnio, lo que generaba un desgaste progresivo en su calidad de vida.

Desde la adolescencia, Catalina había sido diagnosticada con trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado, condiciones que la llevaron a someterse a múltiples tratamientos psiquiátricos y psicológicos. A lo largo de su proceso médico, probó cerca de 40 combinaciones de medicamentos, fue hospitalizada en nueve ocasiones en centros especializados y se sometió a tres ciclos de terapia electroconvulsiva, sin lograr una mejoría clínica significativa.

Ante la falta de resultados, en el año 2025 tomó la decisión de solicitar formalmente el acceso al suicidio médicamente asistido, argumentando que cumplía con los criterios establecidos por la jurisprudencia constitucional: padecer una condición grave, experimentar sufrimiento intenso y haber agotado las alternativas terapéuticas disponibles. A diferencia de la eutanasia, que sí contaba con regulación en Colombia, este mecanismo implicaba que el médico suministrara el fármaco, pero que fuera el propio paciente quien lo administrara.

La solicitud fue presentada ante su EPS, Sanitas, en octubre de 2025. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, la entidad negó el procedimiento argumentando que no existía un marco normativo que permitiera su aplicación. Esta respuesta puso en evidencia un vacío legal, ya que, aunque la Corte Constitucional había despenalizado la práctica, dejó en manos del Congreso su reglamentación, la cual no se había desarrollado.

Frente a esta negativa, Catalina decidió interponer una acción de tutela con el acompañamiento del abogado Lucas Correa, con el objetivo de que la Corte Constitucional no solo revisara su caso particular, sino que también ordenara la creación de lineamientos claros por parte del Ministerio de Salud para la implementación de esta figura dentro del sistema sanitario.

El caso adquirió una dimensión aún más compleja debido a su contexto personal y familiar. La mujer había manifestado que no deseaba recurrir a métodos clandestinos o impulsivos, sino que buscaba un proceso controlado, acompañado y sin violencia, en el que su madre y su hermana pudieran estar presentes. Según su relato, esta decisión respondía también al deseo de evitar un impacto traumático adicional en su entorno cercano.

Durante este proceso, se conoció que Catalina había intentado quitarse la vida en nueve ocasiones, lo que reforzaba la gravedad de su situación y el carácter persistente de su sufrimiento. Su madre, María Ángela Silva, respaldó públicamente su decisión, señalando que, aunque era una situación dolorosa, su prioridad era que su hija dejara de sufrir, incluso manteniendo la esperanza de un cambio inesperado en su estado de salud.

El caso también puso sobre la mesa cifras preocupantes en el país. Según datos mencionados en el proceso, en Colombia se registraban cerca de 2.800 suicidios al año, una tendencia que había mostrado un crecimiento sostenido en la última década, lo que evidenciaba la magnitud del problema de salud mental a nivel nacional.

En ese contexto, la situación de Catalina no solo representó un caso individual, sino que abrió un debate más amplio sobre los límites del sistema de salud, la autonomía personal y la necesidad de regulación en temas sensibles relacionados con el final de la vida. La decisión que eventualmente tomara la Corte Constitucional podría sentar un precedente clave para futuros casos y definir el alcance real del derecho a morir dignamente en Colombia.