La candidata presidencial rechazó dar declaraciones al canal estatal y cuestionó su papel en la contienda electoral.

La candidata presidencial Paloma Valencia protagonizó un nuevo episodio de tensión en el escenario político tras negarse a dar declaraciones al sistema de medios públicos RTVC, argumentando que no participará en espacios que, según su postura, no garantizan imparcialidad informativa. La decisión generó reacciones inmediatas y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el papel de los medios públicos en el contexto electoral colombiano.

Valencia fue enfática al señalar que los canales financiados con recursos del Estado no deben convertirse en plataformas de promoción política. Según su posición, estos espacios deben garantizar equilibrio, pluralidad y transparencia, evitando favorecer a determinados sectores o candidaturas. Su negativa se interpreta como una postura frente al uso que, en su criterio, se le ha dado a estos medios en los últimos meses.

El episodio también desató una reacción por parte de RTVC, que respondió públicamente al rechazo de la candidata. Posteriormente, el canal buscó declaraciones de otros aspirantes presidenciales, en un movimiento que ha sido interpretado como un intento de responder a las críticas y mostrar apertura frente a diferentes voces del espectro político.

“Los canales públicos no son para campaña electoral ni para favorecer a un solo sector”.

El hecho ocurre en un contexto en el que el sistema de medios públicos ha sido objeto de cuestionamientos por su línea editorial y su papel en la difusión de contenidos políticos. La discusión gira en torno a si estos espacios están cumpliendo su función informativa o si, por el contrario, están siendo utilizados dentro de dinámicas propias de la contienda electoral.

En medio de este panorama, la postura de Paloma Valencia marca una línea clara frente a su relación con los medios públicos y refuerza el debate sobre la necesidad de garantizar reglas equitativas en la comunicación política. La controversia no solo involucra a una candidata, sino que también plantea interrogantes sobre el uso de recursos públicos, la neutralidad informativa y la confianza ciudadana en las instituciones mediáticas del Estado.