La muerte del niño Kevin Arley Acosta Pico desató una ola de indignación nacional tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien responsabilizó a la familia del menor en medio del debate por la crisis del sistema de salud.

El caso de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de 7 años que murió el 13 de febrero de 2026 en la UCI del Hospital La Misericordia de Bogotá, se ha convertido en uno de los episodios más polémicos y dolorosos del debate nacional sobre la crisis del sistema de salud en Colombia. La historia del menor, diagnosticado con hemofilia severa desde los nueve meses de edad, ha provocado una ola de indignación en amplios sectores del país.

Durante años, Kevin había podido llevar una vida relativamente normal gracias al tratamiento que recibía periódicamente para controlar su enfermedad. La hemofilia es un trastorno que impide la correcta coagulación de la sangre y que puede provocar hemorragias graves si no se administra el tratamiento preventivo adecuado.

Sin embargo, según los relatos conocidos públicamente, desde el 12 de diciembre de 2025 el menor dejó de recibir el medicamento esencial que debía suministrarle la Nueva EPS, entidad que se encuentra intervenida por el Gobierno petro desde el año 2024. Durante todo enero y parte de febrero el tratamiento no fue entregado.

La tragedia ocurrió el 7 de febrero, cuando Kevin sufrió una caída de su bicicleta en el municipio de Palestina, Huila. Debido a su condición médica, cualquier golpe podía representar un riesgo grave si no contaba con el medicamento preventivo que normalmente reducía la posibilidad de hemorragias internas.

El menor fue llevado inicialmente a un hospital local y luego trasladado a Pitalito, donde los médicos determinaron que requería atención especializada debido a su condición de hemofilia. Posteriormente se ordenó su traslado a Neiva, pero allí informaron que no contaban con el servicio especializado necesario, por lo que se dispuso su remisión al Hospital La Misericordia en Bogotá.

La familia y organizaciones médicas denunciaron que el traslado tardó más de lo debido. Finalmente, una avioneta ambulancia llegó el lunes 9 de febrero en la tarde para trasladarlo a la capital. Días después, el menor falleció a causa de las complicaciones derivadas de su condición.

“Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos”, afirmó el presidente Gustavo Petro durante un consejo de ministros televisado, señalando a la familia como responsable de lo ocurrido.

Las declaraciones del mandatario generaron una fuerte reacción en redes sociales y en distintos sectores de la opinión pública. Críticos del Gobierno señalaron que el debate no debería centrarse en si el menor podía montar bicicleta, sino en por qué no tenía acceso al medicamento que le permitía llevar una vida normal.

Sociedades médicas y especialistas han señalado que los niños con hemofilia pueden realizar actividades físicas, siempre que cuenten con el tratamiento preventivo adecuado que reduce el riesgo de hemorragias graves.

El caso también volvió a poner bajo escrutinio la situación administrativa de la Nueva EPS, una de las aseguradoras más grandes del país, que atiende a más de 11 millones de usuarios. La entidad fue intervenida por el Gobierno en 2024 y desde entonces ha atravesado múltiples cambios en su dirección.

La crisis administrativa ha sido objeto de críticas por parte de diferentes sectores. En los últimos meses se ha señalado que la entidad ha tenido cuatro interventores distintos en cerca de veinte meses, además de retrasos en la presentación de estados financieros y dificultades operativas que afectan la prestación de servicios.

Las cifras oficiales también reflejan el deterioro del sistema. La Defensoría del Pueblo reportó que en 2025 las quejas contra la Nueva EPS se duplicaron frente al año anterior. Por su parte, la Superintendencia de Salud registró más de dos millones de reclamos en 2025 relacionados con fallas en la atención, demoras en autorizaciones y dificultades para acceder a tratamientos.

Para muchos sectores, la historia de Kevin se ha convertido en un símbolo de un problema más amplio que enfrentan miles de familias colombianas: medicamentos que no llegan, tratamientos interrumpidos y citas médicas que se aplazan indefinidamente.

La tragedia del menor ha abierto una profunda discusión nacional sobre las responsabilidades del Estado en la protección de la vida y sobre el funcionamiento actual del sistema de salud.

En medio de esa discusión, el nombre de Kevin ha quedado como un recordatorio doloroso de una pregunta que sigue resonando en la opinión pública: si el sistema que debía protegerlo realmente estuvo a la altura de su responsabilidad.