Una denuncia ante la Fiscalía cuestiona el uso de recursos públicos a través de contratos con la cooperativa Savi. Los acuerdos se firmaron desde septiembre de 2022 y suman casi 23.000 millones de pesos.

Veintitrés mil millones de pesos. $23.000’000.000. Esa es la cifra que hoy está en el centro de una denuncia ante la Fiscalía y que ha generado una fuerte controversia nacional. Según documentos conocidos públicamente, esa suma corresponde a contratos suscritos por RTVC, el sistema de medios públicos, desde septiembre de 2022, un mes después de la posesión del presidente Gustavo Petro, para la producción y transmisión de productos audiovisuales del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), bajo un esquema que incluyó servicios de maquillador y fotógrafo vinculados, según las denuncias, a la entonces primera dama Verónica Alcocer.

La contratación se realizó a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi), bajo la modalidad de administración delegada y vinculación de terceros. Según respuesta oficial de RTVC a un derecho de petición, el vínculo contractual directo fue entre el sistema de medios públicos y la cooperativa Savi, la cual posteriormente subcontrató, entre otros, los servicios del maquillador Fady Javier Flórez y del fotógrafo Mauricio Vélez.

El primer contrato con Savi se firmó en septiembre de 2022 por 1.214 millones de pesos y tuvo vigencia hasta el 30 de noviembre de ese año. Posteriormente, en diciembre de 2022, se suscribió otro contrato por 1.921 millones de pesos con vigencia hasta marzo de 2023. Solo en los primeros meses del Gobierno Petro, Savi recibió más de 3.130 millones de pesos bajo este mismo esquema.

En 2023, la cooperativa obtuvo un contrato por 5.549 millones de pesos y otro en diciembre por 1.792 millones. Es decir, en ese año los contratos sumaron más de 7.341 millones de pesos. En 2024 se firmó un nuevo contrato por 8.000 millones de pesos y, en el último semestre de 2025, otro por 3.976 millones. El total acumulado en lo corrido del Gobierno asciende a casi 23.000 millones de pesos.

“La simulación de actividades institucionales y la justificación formal de los contratos habrían servido como artificios para encubrir la atención exclusiva a la imagen personal de la ex primera dama”, señala la denuncia presentada por el profesor y experto anticrimen financiero Juan Carlos Portilla.

Portilla sostiene que la modalidad de administración delegada facilita que una entidad pública transfiera la contratación a un intermediario, reduciendo la transparencia directa y permitiendo direccionar recursos hacia terceros específicos. En este caso, el Dapre firmó un convenio interadministrativo con RTVC, y este a su vez contrató con Savi, que finalmente vinculó al maquillador y al fotógrafo.

RTVC ha confirmado que los contratos fueron celebrados con la cooperativa Savi y que las personas mencionadas estuvieron vinculadas en el marco de dichos contratos bajo esa modalidad. No obstante, la denuncia cuestiona si el esquema fue utilizado para beneficiar intereses particulares, utilizando recursos públicos destinados a producción institucional.

La controversia toma mayor fuerza tras declaraciones del propio presidente Gustavo Petro, quien afirmó públicamente que estaba separado de Verónica Alcocer desde hace varios años. Según la denuncia, esta circunstancia abriría interrogantes sobre el alcance institucional de los servicios prestados y la justificación del gasto público en favor de la entonces “gestora social”.

La denuncia radicada ante la Fiscalía solicita investigar posibles delitos como estafa y otras responsabilidades administrativas o penales derivadas del uso de recursos públicos. También pide llamar a interrogatorio a Verónica Alcocer, al maquillador Fady Javier Flórez, al fotógrafo Mauricio Vélez y a los representantes legales de la cooperativa Savi.

El caso se suma a un contexto de cuestionamientos sobre contratación estatal y uso de recursos públicos en el actual Gobierno. Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la cifra de 23.000 millones de pesos sigue generando indignación y debate sobre prioridades, transparencia y responsabilidad en el manejo del erario.