Contratos por $333 millones al hermano de la ministra de Cultura y millonarios gastos en publicidad estatal reavivan el debate sobre el uso del presupuesto público en época electoral.

A pocos días de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, nuevos contratos firmados en entidades del Gobierno nacional han generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en temporada preelectoral. Entre los casos más recientes se encuentra el de Salim Kadamani Fonrodona, hermano de la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, quien ha recibido contratos con el Estado que suman $333 millones desde febrero de 2025.

Según información publicada en el portal de Datos Abiertos y en el sistema Secop II, Kadamani firmó contratos por $257 millones justo antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías el 31 de enero. Estos se suman a otros acuerdos previos que completan los $333 millones en contratación estatal.

Dos de los primeros contratos aparecen firmados el 25 de febrero de 2025. Uno por $50.448.000 para prestar servicios profesionales en la Dirección de Apropiación del Ministerio TIC, con una prórroga adicional de tres meses por $25.224.000. Posteriormente, el 24 de enero de 2026 firmó otro contrato por más de $137 millones que se extenderá hasta el 23 de diciembre del mismo año, también en la Dirección de Apropiación. Finalmente, el 30 de enero suscribió un contrato por $120 millones con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, vigente hasta el 31 de diciembre, para apoyar actividades de gestión cultural.

En 2026, Kadamani tendrá dos contratos simultáneos que suman más de $257 millones. En mayo de 2025, la revista Cambio señaló que no tendría experiencia específica en procesos de apropiación digital, funciones asignadas en el Ministerio TIC. La idoneidad fue certificada por Yeimi Carina Murcia Yela, entonces directora de Apropiación y hoy ministra TIC.

Salim Kadamani es diseñador y gestor de modas graduado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en 2019. Ha certificado formación en comunicación y redacción en la Universidad de California (Berkeley) y estudios en Gerencia y Gestión Cultural en la Universidad del Rosario. Su experiencia laboral incluye cargos en asociaciones indígenas y organizaciones culturales entre 2019 y 2024.

El caso se suma a otras denuncias sobre contrataciones previas a la Ley de Garantías. La representante Katherine Miranda alertó que el Gobierno habría invertido $70.000 millones en publicidad institucional, de los cuales cerca del 90 % —más de $64.000 millones— fueron adjudicados a RTVC días antes de la restricción legal. La congresista afirmó que la contratación fue directa y altamente concentrada.

Según Miranda, en el mismo período durante el Gobierno de Iván Duque el gasto en publicidad fue de aproximadamente $1.500 millones, lo que implicaría un incremento superior al 4.000 %. Parte de estos recursos provendrían del Fondo Único de TIC ($14.500 millones), el Ministerio de Educación ($10.600 millones), el Ministerio de Salud ($6.800 millones) y el Ministerio de Justicia (casi $8.000 millones), entre otras entidades. La denuncia fue trasladada a la Contraloría y a la Procuraduría.

A estas cifras se agregan contratos adjudicados a la empresa de correos 472 por más de $391.000 millones, según denunció el candidato Daniel Briceño. La Unidad de Víctimas contrató más de $234.639 millones; el Ministerio del Interior, $88.964 millones; y el Ministerio de Minas y Energía, $36.425 millones. También se registran contratos con el Departamento Administrativo de la Presidencia por $24.968 millones, además de acuerdos con el Sena, la Unidad de Alimentos para Aprender, Función Pública, la Superintendencia de Servicios Públicos y Colombia Compra Eficiente.

Las denuncias se producen en medio de una coyuntura marcada por emergencias climáticas, restricciones fiscales y la proximidad de elecciones, lo que ha intensificado el debate sobre la ejecución presupuestal y la aplicación de la Ley de Garantías.