El Consejo de Estado falló en contra del presidente Gustavo Petro por sus declaraciones hacia manifestantes críticos, ordenando ofrecer disculpas públicas por exceder los límites de la libertad de expresión.

La Sección Quinta del Consejo de Estado falló a favor de un grupo de ciudadanos que interpusieron una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro, argumentando que sus derechos fundamentales fueron vulnerados durante un discurso pronunciado por el mandatario en la II Asamblea General del partido político Colombia Humana.

El incidente se remonta a cuando Petro calificó de “asesinos” a quienes en distintas manifestaciones públicas coreaban la frase “Fuera Petro”. Los demandantes, quienes participaron en estos eventos, consideraron que esta afirmación los vinculaba injustamente con el grave delito de homicidio, sin ningún fundamento comprobable.

El Consejo de Estado determinó que la declaración del presidente no estaba amparada por el derecho a la libertad de expresión, y que su comentario excedió los límites constitucionales al no basarse en hechos verificables. Además, el tribunal destacó que la afirmación del mandatario no solo excluía a un sector de la población crítica hacia su gobierno, sino que también les estigmatizaba injustamente, afectando su derecho a disentir.

“La libertad de expresión no puede ser usada para deslegitimar moral y éticamente a aquellos que ejercen su legítima oposición”, afirmó el Consejo de Estado en su fallo.

Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó al presidente Gustavo Petro emitir disculpas públicas en las redes sociales de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia y su cuenta personal en X (anteriormente Twitter). Estas disculpas deberán permanecer publicadas de manera permanente como parte del reconocimiento de la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos que participaron en las manifestaciones.

Este fallo refuerza la importancia de los límites en la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de figuras públicas de alto nivel, y resalta el derecho de los ciudadanos a manifestar su descontento sin ser objeto de acusaciones infundadas.