La Gobernación del Valle del Cauca fijó una posición firme frente al incremento del impuesto al consumo decretado por el Gobierno nacional, al advertir riesgos fiscales, sociales y constitucionales que afectarían directamente a la población del departamento.

El Valle del Cauca decidió asumir una postura activa y técnica frente al incremento del impuesto al consumo de licores y cigarrillos decretado por el Gobierno nacional. Tras la expedición del Decreto 1474 de 2025, que elevó al 19 % el gravamen sobre productos como vinos, aperitivos, licores, cigarrillos y tabaco, la Gobernación encendió las alertas por el impacto que esta medida tendría sobre las finanzas departamentales y, especialmente, sobre la sostenibilidad de servicios esenciales para la población más vulnerable.

La gobernadora Dilian Francisca Toro fue enfática en señalar que el departamento participará en las mesas técnicas convocadas por el Ministerio de Hacienda, pero lo hará con una posición clara: defender los recursos que, por mandato constitucional, pertenecen a las regiones. Para la mandataria, el debate no es político ni ideológico, sino fiscal, social y jurídico. Se trata de garantizar que los departamentos cuenten con los ingresos necesarios para cumplir sus obligaciones en salud, educación y deporte, sectores que dependen en gran medida de las rentas provenientes del impuesto al consumo.

Toro advirtió que el incremento del impoconsumo puede producir un efecto contrario al que busca el Gobierno nacional. En lugar de aumentar el recaudo, podría generar una caída significativa en los ingresos, al incentivar el consumo de productos ilegales. Según explicó, un aumento abrupto en los precios finales empuja a los ciudadanos hacia mercados informales que no pagan impuestos y que fortalecen las redes de contrabando, un problema que ya afecta de manera estructural al departamento.

La directora del Departamento de Hacienda del Valle, María Victoria Machado, respaldó esta postura con cifras concretas que serán presentadas en las mesas técnicas. De acuerdo con la funcionaria, el Valle del Cauca ya enfrenta una situación crítica en materia de ilegalidad: cerca del 40 % del consumo de cigarrillos y el 20 % del consumo de licores corresponden a productos ilegales. Un nuevo incremento impositivo, señaló, podría disparar estos porcentajes y erosionar aún más las rentas oficiales.

Uno de los ejemplos más ilustrativos del impacto que tendría la medida es el precio del aguardiente, producto emblemático del departamento. Según las estimaciones de la Gobernación, una botella podría pasar de costar alrededor de 39.000 pesos a cerca de 65.000 pesos, un aumento que no solo afectaría el bolsillo de los consumidores, sino que pondría en jaque la competitividad de la industria legal frente a los productos de contrabando.

La gobernadora Toro insistió en que el Valle no se niega al diálogo ni a la revisión técnica de los tributos, pero subrayó que cualquier decisión debe evaluarse con responsabilidad fiscal y con respeto por la autonomía territorial. En ese sentido, recordó que será la Corte Constitucional la instancia que defina el alcance y la legalidad de la medida, razón por la cual el departamento también prepara argumentos jurídicos sólidos para sustentar la defensa de sus rentas.

Desde la administración departamental se reiteró que el eje de esta discusión es la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía. La reducción de ingresos por concepto de licores y cigarrillos tendría un impacto directo en el financiamiento del régimen subsidiado de salud, así como en programas educativos y deportivos que dependen de estos recursos. Para el Gobierno del Valle, sacrificar estas áreas sería un costo social inaceptable.

El debate sobre el impoconsumo abre un capítulo decisivo en la relación entre el Gobierno nacional y las regiones. En ese escenario, Dilian Francisca Toro ha dejado claro que el Valle del Cauca no renunciará a la defensa de sus ingresos ni a su responsabilidad con los ciudadanos. Las mesas técnicas serán, entonces, un espacio clave para definir si el aumento del impuesto se corrige o si el pulso terminará resolviéndose en el alto tribunal constitucional.