El testimonio de varias mujeres colombianas permitió desmantelar una red transnacional de trata de personas que operaba entre Cali y Oslo, y rescatar a víctimas de distintas nacionalidades sometidas a explotación sexual.

Chilari Dayana Hernández Díaz lloraba mientras un agente le leía sus derechos. Estaba rodeada de policías, acusada formalmente de trata de personas y concierto para delinquir agravado. Su rostro desencajado contrastaba con la imagen de seguridad y promesas que, durante meses, utilizó para convencer a jóvenes colombianas de que Europa era la salida a una vida mejor. Frente a ella no solo estaba la justicia, sino el peso de las historias que había ayudado a construir y destruir.

Meses antes, las mujeres a las que reclutó también habían llorado, pero lejos de cámaras, sin micrófonos ni respaldo institucional. Lloraron en silencio, atrapadas en un país extraño, sin documentos, sin redes de apoyo y sometidas a un sistema de explotación que las redujo a mercancía. La captura de Hernández Díaz y de otro hombre señalado de integrar la misma organización recorrió los titulares del país, pero detrás del comunicado oficial hay una historia marcada por valentía, miedo, manipulación y abuso.

Según la Fiscalía General de la Nación, Hernández Díaz no era una reclutadora ocasional. Era una pieza clave de una estructura criminal transnacional dedicada a captar mujeres en condiciones de vulnerabilidad en Colombia para enviarlas a Oslo, Noruega, donde eran obligadas a ejercer actividades sexuales bajo amenazas y deudas impuestas artificialmente. El punto de partida eran los barrios más golpeados por la pobreza, donde la falta de oportunidades y el peso de las necesidades económicas abrían la puerta al engaño.

En esos entornos aparecía la mujer que se presentaba como empresaria. Hablaba de contratos, estabilidad, salarios en euros y una vida distinta. Decía que el frío europeo se compensaba con dinero y seguridad. Pedía confianza, ofrecía ayuda con documentos y aseguraba que todo era legal. Para muchas, esa promesa parecía la única salida.

Lo que las víctimas no sabían —y que hoy forma parte de la investigación— es que Hernández Díaz conocía ese mundo desde adentro. Antes de convertirse en reclutadora, ella misma había sido explotada sexualmente en Oslo. Incluso, cuando empezó a llevar a otras mujeres, continuó ejerciendo actividades sexuales en paralelo, moviéndose entre el rol de víctima y victimaria dentro de la misma red.

Entre julio y noviembre de 2023, las caleñas que terminarían denunciando entregaron sus documentos, posaron para sesiones fotográficas en ropa interior —presentadas como un requisito laboral— y dejaron en manos de Hernández Díaz la gestión de pasaportes, citas consulares y cartas de invitación. Ella también coordinó el traslado desde Cali hasta el aeropuerto El Dorado, en Bogotá. El viaje existió. La oportunidad era real. La trampa también.

Al aterrizar en Oslo, la historia cambió de manera radical. Según los investigadores, las mujeres fueron sometidas a tratos degradantes, confinadas y presionadas para realizar actividades sexuales como supuesto pago por su alojamiento, su comida y una deuda que nunca dejaba de crecer. Cada día en Europa se convertía en un nuevo cargo, en una nueva excusa para mantenerlas atrapadas.

Lejos de su país, sin dinero, sin pasaporte y bajo amenazas constantes, quedaron completamente vulnerables. En esta fase, señala la Fiscalía, entraba en escena Johan Alexander Cadena Roa, otro de los presuntos integrantes de la organización. A él se le atribuye la logística del control, así como la intimidación armada, destinada a impedir que las víctimas denunciaran o buscaran ayuda ante las autoridades noruegas.

Durante aproximadamente dos meses, las mujeres permanecieron retenidas en ese país. En ese tiempo, la red criminal les arrebató cerca de 180 millones de pesos, unos 60 millones por cada víctima, producto de la explotación sexual. Finalmente, lograron recuperar su libertad y regresar a Colombia. El regreso no significó el final del miedo: las amenazas e intimidaciones continuaron, incluso desde el extranjero.

Aun así, tomaron una decisión que cambiaría el rumbo de la historia: denunciar. Contra el temor, el trauma y el riesgo, acudieron a las autoridades colombianas y relataron lo ocurrido. Ese acto de valentía permitió a los investigadores seguir el rastro de la red, identificar a sus integrantes y coordinar acciones internacionales.

Gracias a esta denuncia, las autoridades noruegas realizaron operativos en hoteles de Oslo, donde lograron rescatar a otras mujeres de distintas nacionalidades que también estaban siendo explotadas sexualmente bajo el mismo esquema criminal. La red no solo operaba con colombianas; su alcance era mayor y más complejo.

Hernández Díaz y Cadena Roa fueron presentados ante un juez de control de garantías e imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado y trata de personas. Ninguno aceptó los cargos. El proceso judicial continúa, mientras las víctimas intentan reconstruir sus vidas tras haber sido despojadas de su libertad, su dignidad y su seguridad.

Para las caleñas que destaparon la red, la captura no borra el dolor ni las secuelas. Sus historias están marcadas por el miedo, el desarraigo y la violencia de haber sido convertidas en mercancía. Mientras tanto, quien las convenció de dejarlo todo lloraba al escuchar la palabra “captura”. Por primera vez, ese llanto no era el de una víctima, sino el de quien ahora enfrenta a la justicia.