

El caricaturista y aspirante al Senado por el Pacto Histórico enfrenta fuertes cuestionamientos por una publicación considerada violencia política contra las mujeres, en plena campaña electoral.
La campaña electoral en Colombia sumó un nuevo episodio de controversia tras la publicación realizada por Julio César González, conocido como ‘Matador’, caricaturista y actual candidato al Senado por el Pacto Histórico, quien fue duramente cuestionado por un mensaje considerado misógino y violento contra la senadora del Centro Democrático y candidata presidencial Paloma Valencia.
El mensaje, difundido a través de redes sociales, incluía una imagen de Valencia acompañada de una frase atribuida al fallecido humorista Jaime Garzón: “Como diría Jaime Garzón, Paloma Valencia no se ‘dirige’ al país. Se ‘digiere’ al país”. La publicación se apoyó en una fotografía de la senadora consumiendo alimentos, lo que fue interpretado como una burla directa a su apariencia física y una utilización de estereotipos corporales para desacreditarla políticamente.
La reacción fue inmediata. Desde distintos sectores se calificó el contenido como una expresión de violencia política contra las mujeres, una conducta expresamente sancionada por la legislación colombiana vigente, especialmente en el marco de la Ley 2453 de 2025, que tipifica y castiga este tipo de agresiones durante procesos electorales.
Una de las primeras voces institucionales en pronunciarse fue la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien rechazó el mensaje por considerarlo discriminatorio y carente de contenido político. “La burla, vacía de contenido, acude a estereotipos sobre el cuerpo de la mujer”, señaló la funcionaria, al advertir que este tipo de expresiones refuerzan prácticas históricas de exclusión y deslegitimación de las mujeres en la vida pública.
Marín recordó además que la Defensoría del Pueblo, junto con otras entidades del Estado y organizaciones civiles, promovió el Compromiso por unas elecciones libres y en paz, un acuerdo que busca erradicar la discriminación de género, el lenguaje violento y los ataques personales durante la contienda electoral. En ese contexto, reiteró el llamado a todos los candidatos y líderes de opinión a firmar y respetar dicho compromiso como una garantía democrática.
Desde el Congreso de la República también se alzaron voces de rechazo. La senadora Angélica Lozano calificó el ataque como parte de un patrón sistemático de violencia y desprecio hacia las mujeres en política. En un mensaje público, cuestionó duramente al caricaturista: “Si este candidato al Senado le pegó a la esposa, normal que ataque a Paloma y en general a las mujeres por peso o aspecto. ¿Qué se puede esperar de un machito maltratador?”, escribió.
Lozano fue más allá y preguntó si este tipo de conductas cuentan con el aval de la dirigencia del Pacto Histórico, abriendo un debate interno sobre la coherencia del discurso del movimiento frente a la igualdad de género y la no violencia.
El exconcejal de Bogotá Daniel Briceño anunció que impulsará acciones formales contra el caricaturista. Según explicó, solicitó al Centro Democrático que, conforme a la Ley 2453 de 2025, se presenten denuncias ante los organismos competentes por los ataques que calificó como “ruines” y constitutivos de violencia política contra la mujer.
En medio de la polémica, en redes sociales resurgieron antecedentes judiciales de ‘Matador’. Varios usuarios recordaron que el caricaturista fue denunciado el 23 de agosto de 2013 por su entonces esposa, Alejandra María Valencia, por un caso de violencia intrafamiliar, un hecho que ha sido retomado por figuras públicas para cuestionar su autoridad moral en el debate político y su trato hacia las mujeres.
Entre las reacciones más contundentes estuvo la de la candidata presidencial Vicky Dávila, quien calificó a ‘Matador’ como un “maltratador de mujeres” y lo acusó abiertamente de misoginia. Aunque rechazó la publicación, también hizo un llamado a no replicar el mensaje ofensivo, para evitar amplificar el ataque contra Paloma Valencia.
El caso reabrió el debate nacional sobre los límites de la sátira política, especialmente cuando esta se cruza con estereotipos de género y ataques personales. Mientras algunos defienden la caricatura como una forma legítima de crítica, cada vez más voces advierten que la sátira no puede convertirse en un vehículo para normalizar la violencia simbólica ni el machismo, menos aún en un contexto electoral.
Expertos en derecho electoral han recordado que la legislación colombiana contempla sanciones administrativas, disciplinarias e incluso penales para quienes incurran en violencia política contra las mujeres, incluyendo multas, inhabilidades y procesos ante el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía.
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