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Una nueva polémica sacude al sistema de salud colombiano tras las denuncias del representante a la Cámara Andrés Forero, quien aseguró que en Famisanar, EPS actualmente intervenida por el Gobierno nacional, se han realizado contrataciones masivas con costos millonarios en un corto periodo de tiempo. Según el congresista, desde la llegada del nuevo interventor, Germán Darío Gallo, en noviembre del año pasado, se habrían vinculado al menos 75 personas en apenas mes y medio.
De acuerdo con la información expuesta, estas contrataciones representarían un costo mensual cercano a los $700 millones. Forero señaló que dentro de los nuevos vinculados figuran perfiles que generan especial controversia, como bachilleres con salarios de hasta 28 millones de pesos mensuales y técnicas en enfermería con remuneraciones que alcanzarían los 40 millones de pesos al mes, cifras que contrastan fuertemente con la situación financiera y operativa de la EPS.
El congresista también denunció que, mientras se realizan estas contrataciones, pacientes con enfermedades de alto costo continúan enfrentando serias dificultades para acceder a sus tratamientos. Como ejemplo, Forero afirmó que al menos 37 pacientes con esclerosis múltiple no reciben medicamentos desde octubre, una situación que, según él, evidencia una grave desconexión entre las decisiones administrativas y las necesidades reales de los usuarios del sistema de salud.
La crítica se amplía al señalar que este fenómeno no sería exclusivo de Famisanar. Forero recordó que, tras los cambios realizados en febrero de 2025 al manual de funciones de las EPS intervenidas por el Gobierno Petro, se produjo un incremento significativo en las contrataciones. Según sus cifras, durante ese año se vincularon 572 nuevas personas en distintas entidades, con un costo mensual aproximado de 2.700 millones de pesos.
Entre los beneficiarios de estas decisiones administrativas, el representante mencionó al exinterventor de la EPS Sanitas, Kemer Ramírez, quien, según la denuncia, habría sido contratado con una remuneración cercana a los 40 millones de pesos mensuales. Para Forero, este tipo de vinculaciones reflejan un manejo irresponsable de los recursos públicos en medio de una crisis profunda del sistema.
El congresista fue enfático en señalar que, mientras los interventores incrementan la nómina y los gastos administrativos, los pacientes enfrentan desabastecimiento de medicamentos y demoras en la atención. Asimismo, cuestionó la falta de pronunciamientos y acciones contundentes por parte de los organismos de control, en especial de la Superintendencia Nacional de Salud y de antiguos interventores de otras EPS como la Nueva EPS.
Estas denuncias se producen en un contexto de creciente inconformidad ciudadana, agravado por la suspensión de contratos para la dispensación de medicamentos, como el ocurrido entre Colsubidio y la Nueva EPS. La Defensoría del Pueblo ya ha advertido un aumento significativo de quejas por la entrega tardía o inexistente de fármacos, una situación que pone en riesgo la continuidad de tratamientos y el derecho fundamental a la salud en varias regiones del país.
