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El exsenador y exdirigente gremial fue detenido en Atlántico tras hacerse efectiva una condena de nueve años de prisión por concierto para delinquir agravado.
La captura de Jorge Visbal Martelo, exsenador de la República y expresidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), marca el cierre de uno de los procesos judiciales más emblemáticos relacionados con la connivencia entre élites políticas, gremiales y el paramilitarismo en Colombia. El operativo se realizó en medio de un retén de control de la Policía Nacional en el municipio de Ponedera, Atlántico, cuando los uniformados verificaron su identidad y confirmaron la existencia de una orden de captura vigente emitida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
La orden se hizo efectiva para que Visbal Martelo cumpla una condena de nueve años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, tras quedar en firme la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia. Según el alto tribunal, el exdirigente gremial no solo mantuvo contactos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sino que colaboró de manera consciente, activa y sostenida con esa estructura criminal, aprovechando su posición de poder político e institucional.
En su fallo, la Corte fue contundente al señalar que Visbal se apartó de su rol como miembro de la Comisión Nacional de Paz y asumió un papel distinto, convirtiéndose en un “asesor de alto nivel” del máximo jefe paramilitar Carlos Castaño. De acuerdo con las pruebas judiciales, Visbal no actuó como un simple interlocutor civil, sino que sugirió movimientos de tropas, recomendaciones estratégicas y desplazamientos armados en distintas regiones del país, facilitando el accionar de las AUC.
La sentencia se sustentó, entre otros elementos probatorios, en los testimonios de exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso y Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, quienes relataron reuniones sostenidas con Visbal Martelo y detallaron su cercanía con la cúpula de las Autodefensas. Estas declaraciones fueron consideradas creíbles y coherentes por la Corte Suprema, al estar respaldadas por otros elementos documentales y contextuales del conflicto armado.
Antes de que la condena quedara en firme, Visbal Martelo intentó evadir la justicia ordinaria acudiendo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), comprometiéndose a aportar verdad sobre su relación con el paramilitarismo. Sin embargo, el tribunal transicional decidió expulsarlo del sistema, al concluir que el exdirigente no cumplió con sus obligaciones de verdad plena y mantuvo una actitud evasiva frente a los hechos que se le atribuían. Tras esta decisión, su caso regresó a la justicia ordinaria, lo que permitió que la Corte Suprema ratificara la sentencia.
Posteriormente, la defensa de Visbal Martelo interpuso una acción de tutela con la que buscaba tumbar la condena, recurso que fue rechazado por las instancias judiciales. Ante el fracaso de esta estrategia, su equipo jurídico anunció la intención de acudir a organismos internacionales, aunque la captura ejecutada por las autoridades colombianas deja en firme la obligación de cumplir la pena impuesta.
La detención de Jorge Visbal Martelo representa un nuevo episodio en el esclarecimiento de las alianzas entre sectores del poder económico, político y armado ilegal durante los años más crudos del conflicto colombiano. También reafirma la responsabilidad penal de actores civiles que, desde posiciones de influencia, contribuyeron al fortalecimiento del paramilitarismo y a la prolongación de la violencia en el país.
