Pacientes trasplantados, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas figuran entre los más afectados por las fallas en la dispensación, mientras la Defensoría del Pueblo exige una actuación urgente de la Supersalud.

La ruptura del contrato para la dispensación de medicamentos entre Colsubsidio y la Nueva EPS encendió las alarmas de los organismos de control y agravó la crisis que enfrentan miles de pacientes en Colombia. La Defensoría del Pueblo alertó sobre un incremento significativo de quejas relacionadas con la entrega tardía o inexistente de fármacos, una situación que pone en riesgo la vida, la salud y la continuidad de tratamientos médicos esenciales.

En un comunicado oficial, la Defensoría señaló que ha identificado una acumulación “alarmante” de casos asociados al gestor farmacéutico Colsubsidio, y cuestionó la falta de información clara y verificable sobre cómo se está desarrollando la transición del servicio. Según la entidad, no existen datos oportunos que permitan conocer las rutas alternas de dispensación ni los mecanismos que garanticen que los afiliados continúen recibiendo sus medicamentos sin interrupciones.

Aunque la Nueva EPS anunció la implementación de un plan de transición para asegurar el acceso a los medicamentos de sus afiliados, la defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que la crisis ya es visible en el territorio. “Se manifiesta en la interrupción de servicios, suspensión de procedimientos, cancelación de citas y fallas graves en la entrega de medicamentos, poniendo en riesgo la vida y el bienestar de las y los pacientes”, afirmó la funcionaria.

Uno de los escenarios más críticos se presenta en el departamento de Boyacá. Allí, varios hospitales públicos anunciaron la suspensión de servicios ambulatorios a partir del 1 de enero de 2026, debido a problemas administrativos y financieros asociados a la Nueva EPS. Entre las instituciones afectadas se encuentran el Hospital Universitario San Rafael de Tunja, el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá y el Hospital Regional de Sogamoso, que reportaron mora en los pagos, fallas en plataformas tecnológicas e incumplimientos contractuales.

En Boyacá, más de 524.000 afiliados a la Nueva EPS —230.000 de ellos del régimen contributivo— enfrentan incertidumbre sobre dónde y cómo reclamar sus medicamentos. En ciudades como Tunja, la crisis se refleja en largas filas frente a farmacias desde la madrugada, con pacientes y familiares soportando el frío sin garantía de recibir sus tratamientos. “No hay sistema”, es la respuesta que muchos reciben tras horas de espera.

Casos como el de Víctor Delgado, paciente trasplantado de riñón, evidencian la gravedad de la situación. Delgado lleva más de tres meses sin recibir los medicamentos inmunosupresores necesarios para evitar el rechazo del órgano. “Si no consumo ese medicamento, puede haber rechazo y perder el trasplante”, relató tras regresar nuevamente a su casa sin atención. Situaciones similares se repiten en Medellín y otras ciudades, donde pacientes con enfermedades crónicas han tenido que asumir de su bolsillo costos mensuales superiores a los 180.000 pesos para no suspender sus tratamientos.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró que todos los actores del sistema de salud —EPS, IPS, hospitales públicos, gestores y operadores farmacéuticos— están obligados a garantizar redes de atención suficientes bajo los principios de universalidad, continuidad y disponibilidad. Asimismo, insistió en la necesidad de una articulación permanente entre el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, los agentes interventores y los gestores farmacéuticos, y solicitó una actuación urgente del Estado para evitar que la crisis continúe profundizándose.