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Una nueva controversia sacude al Gobierno nacional tras revelarse un contrato por $10.000 millones suscrito entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y la firma extranjera Amadeus Consultancy Limited, cuyo representante legal es el abogado estadounidense Daniel Kovalik. El hecho genera especial polémica debido a que el propio jurista había asegurado públicamente que asumiría de manera gratuita la defensa del presidente Gustavo Petro tras su inclusión en la denominada Lista Clinton.
La existencia del contrato fue revelada por Germán Ricaurte, director de la Unidad Contra el Gasto Hormiga y candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, quien difundió el documento contractual y cuestionó que recursos públicos de tal magnitud se destinen a lo que calificó como una defensa de carácter personal. Según el contrato, la firma fue vinculada mediante contratación directa para prestar servicios altamente especializados en asesoría sobre regímenes internacionales de sanciones financieras.
Las críticas se intensificaron luego de que el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout Arango, anunciara la presentación de una denuncia formal ante la Contraloría General de la República. En el documento, el cabildante solicitó una Actuación Especial de control fiscal al advertir posibles riesgos de desviación de recursos públicos y la ausencia de una justificación técnica sólida que respalde la selección directa del contratista.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la posible utilización de recursos del Estado para atender contingencias que corresponderían al ámbito personal de altos funcionarios. De acuerdo con De Bedout, existe un riesgo real de que el contrato no esté orientado a una necesidad institucional sino a la atención de situaciones jurídicas particulares relacionadas con el entorno del presidente de la República, lo que podría configurar un detrimento patrimonial.
Adicionalmente, se cuestiona la inexistencia de pluralidad de oferentes y la falta de evidencia que demuestre que Amadeus Consultancy Limited era la única firma idónea para prestar este tipo de asesoría especializada. Esta situación, según la denuncia, podría vulnerar el principio de selección objetiva y abrir la puerta a un posible direccionamiento contractual.
El debate se amplió con la reacción de distintos sectores políticos. La senadora María Fernanda Cabal también cuestionó la contratación, señalando que la defensa internacional del presidente debería asumirse como un asunto personal y no con recursos del erario. Para los denunciantes, la coincidencia temporal entre la firma del contrato y los señalamientos relacionados con la Lista Clinton refuerza la necesidad de un examen exhaustivo por parte de los órganos de control.
