

Circulares internas, permisos en jornada laboral y llamados oficiales desde entidades del Estado desatan críticas por posible uso político de la administración pública.
En medio de las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro para este miércoles 7 de enero de 2026, surgieron denuncias públicas que apuntan a una posible utilización de entidades del Estado para facilitar y promover la participación de servidores públicos en una jornada de carácter político. Las alertas se encendieron tras conocerse circulares internas, comunicados oficiales y mensajes de altos funcionarios del Gobierno que invitan a asistir a la movilización, incluso durante la jornada laboral.
Uno de los casos más controvertidos es el del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entidad que expidió una circular interna autorizando permisos a sus servidores públicos para asistir de manera “voluntaria” a la concentración. El documento fue divulgado por el concejal de Medellín Alejandro De Bedout, quien cuestionó duramente la medida y la calificó como una movilización oficial con recursos públicos. En la circular se indica que el permiso aplica durante la tarde del miércoles 7 de enero y que la concentración fue convocada por la Presidencia de la República para expresar el compromiso con la soberanía, la democracia y la paz en Colombia y la región.
Las críticas no tardaron en llegar desde distintos sectores políticos, que advirtieron sobre el riesgo de confundir el derecho a la protesta con la instrumentalización del aparato estatal. Para los detractores, permitir permisos laborales para marchas convocadas desde el Ejecutivo podría configurar una presión institucional indirecta sobre funcionarios y contratistas, especialmente en un contexto de alta polarización política y tensión internacional.
A esta controversia se sumó un pronunciamiento oficial del Ministerio de Ciencias, que también llamó a participar en la movilización. En su comunicado, la cartera sostuvo que las amenazas a la soberanía no se limitan a ataques a fronteras físicas, sino a la capacidad de los pueblos de decidir su propio futuro, e invitó a la comunidad científica, académica y a la ciudadanía en general a sumarse a la jornada. El mensaje generó más cuestionamientos luego de que el ministerio incurriera en un error al anunciar inicialmente una fecha incorrecta para la movilización.
En paralelo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reforzó la convocatoria a través de redes sociales, donde apareció vistiendo la camiseta de la Selección Colombia y llamando a los ciudadanos a movilizarse “ante la amenaza de intervención extranjera”. Para varios analistas, la suma de estos hechos refuerza la percepción de que el Gobierno estaría cruzando la línea entre la expresión política y el uso de la institucionalidad para respaldar una causa presidencial, en un contexto marcado por la confrontación con Estados Unidos y el silencio frente al régimen de Nicolás Maduro.
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