Los militares fueron atacados con drones y explosivos mientras descansaban en una base del sur del Cesar, sin posibilidad de defensa.

El ataque ocurrió en la noche del jueves en una base militar ubicada en zona rural de Aguachica, al sur del departamento del Cesar. Según información oficial del Ejército Nacional, drones cargados con explosivos fueron lanzados de manera directa contra las instalaciones, impactando los alojamientos donde los soldados se encontraban descansando tras cumplir sus turnos de servicio. La ofensiva dejó un saldo de siete militares muertos y al menos 30 heridos, varios de ellos con lesiones de gravedad.

Las víctimas mortales fueron identificadas como los soldados profesionales Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, Mateo Pino Pulgarín, Juan David Pérez Vides, Kevin Andrés Méndez Torres, Jhon Fredy Moreno Sierra, Daniel Valderrama Martínez y Jorge Mario Orozco Díaz. Inicialmente, cuatro de los militares fallecieron en el lugar del ataque, mientras que los otros tres murieron posteriormente en centros asistenciales debido a la gravedad de las heridas causadas por la explosión.

El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, confirmó que los soldados no se encontraban en posición de combate ni tenían posibilidad alguna de repeler el ataque. En entrevista con Blu Radio, explicó que las granadas lanzadas desde los drones cayeron directamente sobre las áreas de descanso. “Los soldados ya estaban descansando y allí fue donde cayeron las granadas. Inicialmente murieron cuatro y los otros fallecieron en el hospital”, señaló el alto oficial.

Videos que circularon en redes sociales durante la noche y la madrugada muestran la magnitud del ataque. En las imágenes se observa a militares heridos siendo trasladados en camillas y sillas de ruedas hacia un centro médico de Aguachica, así como incendios al interior de la base, presuntamente provocados por las explosiones. El impacto visual de esas escenas generó una fuerte conmoción en la opinión pública y entre las familias de los uniformados.

El general Cardozo advirtió que el uso de drones por parte de grupos armados ilegales se ha convertido en una de las principales amenazas para la Fuerza Pública. Según cifras entregadas por el Ejército, desde abril de 2024 se han registrado más de 400 ataques con drones en distintas regiones del país, especialmente en zonas como el Catatumbo, el Chocó y ahora el sur del Cesar. Aunque las Fuerzas Militares han logrado inhibir más de 8.000 intentos de ataque y rastrear cerca de 1.000 drones hasta sus puntos de origen mediante tecnología especializada, la modalidad continúa expandiéndose.

Tras el atentado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó el hecho como un acto de terrorismo y responsabilizó directamente al ELN. En un mensaje publicado en la red social X, afirmó que “el cartel del ELN es una amenaza que debe ser desmantelada totalmente” y advirtió que no hacerlo pone en grave riesgo a la población civil y a los integrantes de la Fuerza Pública.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció y anunció que solicitará la figura de urgencia para adquirir sistemas antidrones destinados al Ejército Nacional. Según indicó, la inversión sería cercana a los 260.000 dólares, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta frente a este tipo de ataques. La declaración se dio en medio de crecientes cuestionamientos sobre la falta de equipos adecuados para enfrentar una amenaza que se ha vuelto recurrente.

Este ataque se suma a una semana particularmente violenta. Días antes, el ELN había perpetrado un atentado en Cali que dejó dos policías muertos, en medio de un paro armado y confinamientos impuestos en varias regiones del país. Lejos de mostrar señales de distensión, la guerrilla más antigua de América Latina ha intensificado sus acciones armadas, pese a que tradicionalmente decreta treguas durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, una posibilidad que ahora está en duda.

El recrudecimiento de la violencia ocurre mientras las negociaciones de paz entre el Gobierno y el ELN permanecen suspendidas desde 2024. La política de “paz total”, anunciada por Petro al inicio de su mandato en 2022, buscaba desmovilizar a todos los grupos armados mediante el diálogo. Sin embargo, a pocos meses de finalizar su gobierno, la mayoría de esos acercamientos están congelados y sin avances significativos, mientras la oposición denuncia que las organizaciones ilegales se han fortalecido.

En enero pasado, el ELN fue responsable de una de las peores masacres recientes en el Catatumbo, donde más de un centenar de personas fueron asesinadas y decenas de miles desplazadas, un episodio que terminó de sepultar unas negociaciones ya debilitadas. En paralelo, Estados Unidos retiró a Colombia de su lista de aliados clave en la lucha contra el narcotráfico, al considerar insuficientes los esfuerzos del país en ese frente.

El ataque en Aguachica no solo dejó siete familias enlutadas, sino que reabrió un debate nacional sobre la seguridad de las tropas, el uso de nuevas tecnologías por parte de los grupos armados y el rumbo de una estrategia de paz que, mientras tanto, convive con una de las olas de violencia más intensas de la última década.