El hijo mayor del presidente Gustavo Petro aparece afiliado al sistema de salud como beneficiario y no como cotizante, a pesar de haber sido diputado del Atlántico y estar procesado por enriquecimiento ilícito.

El sistema de salud colombiano establece reglas claras sobre quiénes deben aportar y quiénes pueden acceder como beneficiarios. Desde la Ley 100 de 1993, el país opera bajo dos regímenes: el contributivo, financiado por trabajadores, contratistas e independientes con capacidad de pago, y el subsidiado, dirigido a la población vulnerable que no puede asumir cotizaciones. En ese marco, la figura de cotizante implica una obligación directa de aportar recursos al sistema, mientras que la de beneficiario supone el acceso a los servicios de salud a través del aporte de un tercero o del subsidio estatal.

Bajo ese esquema, resulta llamativo que Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, figure en la Base de Datos Única de Afiliados como beneficiario y no como cotizante. Es decir, no aporta recursos al sistema de salud y recibe cobertura gracias a la afiliación de otra persona de su núcleo familiar. El dato cobra relevancia no solo por su vínculo con el jefe de Estado, sino por su historial reciente en el sector público y por los procesos judiciales que enfrenta.

Entre enero de 2020 y agosto de 2023, Nicolás Petro se desempeñó como diputado de la Asamblea del Atlántico. Durante ese periodo, especialmente en su último año en el cargo, devengó un salario cercano a los $26 millones mensuales, además de primas y prestaciones sociales, como cualquier funcionario de elección popular. Su renuncia se produjo tras estallar el escándalo por los recursos que presuntamente recibió de personas cuestionadas para la campaña presidencial de 2022, hecho que dio origen a las investigaciones penales que hoy cursan en su contra.

Actualmente, Nicolás Petro está siendo juzgado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Según la Fiscalía, no logró justificar un incremento patrimonial superior a los $1.053 millones, dinero con el que habría adquirido, entre otros bienes, un vehículo de alta gama y una vivienda de lujo en Barranquilla. Aunque no existe todavía una condena, el proceso judicial avanza y ha puesto bajo la lupa su comportamiento financiero durante y después de su paso por la política regional.

En ese contexto, su condición actual como beneficiario del sistema de salud despierta cuestionamientos adicionales. Durante los años en los que fue diputado, Petro Burgos tenía la obligación legal de cotizar al régimen contributivo, no solo por su salario, sino por tratarse de un cargo público remunerado. Sin embargo, el registro vigente indica que no figura como aportante, sino como una persona cubierta por la afiliación de un tercero, lo que implica que no está contribuyendo económicamente al sostenimiento del sistema.

El asunto no es menor en un país donde millones de trabajadores independientes y pequeños comerciantes enfrentan sanciones, intereses y procesos de fiscalización por retrasos o inconsistencias en sus aportes a salud y seguridad social. De hecho, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) tiene la facultad de investigar, cobrar y sancionar a quienes incumplan estas obligaciones, incluso con multas elevadas y embargos.

La situación ha generado reacciones políticas. Para sectores críticos del Gobierno, el caso de Nicolás Petro se convierte en un símbolo de los dobles estándares que denuncian frente al discurso oficial. “Que un ciudadano común haga eso y verá cómo lo persiguen. Aquí no solo destruyen el sistema de salud, sino que además se aprovechan de él”, señaló Hannah Escobar, candidata a la Cámara por Antioquia, al cuestionar la falta de actuaciones visibles de la UGPP frente a este caso.

Más allá del debate político, el episodio vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el control real de las obligaciones parafiscales, la igualdad ante la ley y la coherencia entre el discurso del Gobierno sobre justicia social y las prácticas de quienes hacen parte de su entorno más cercano. Mientras el país discute una reforma estructural al sistema de salud y millones de colombianos soportan cargas crecientes, el hecho de que el hijo del presidente no aparezca como cotizante deja abiertas preguntas que, por ahora, no tienen respuesta oficial.