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El presidente se pronunció tras la decisión judicial que envió a prisión a dos exministros de su Gobierno por el escándalo en la UNGRD.
El presidente Gustavo Petro se refirió públicamente al proceso judicial que enfrenta a dos exministros de su Gobierno por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Sus declaraciones se dieron después de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara medida de aseguramiento en centro carcelario contra Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, al considerar que podrían interferir en la investigación que adelanta la Fiscalía.
Durante una rueda de prensa en la Casa de Nariño, el mandatario sostuvo que no es su función determinar si los exfuncionarios son culpables o inocentes. En ese sentido, afirmó que cualquier calificación sobre su conducta corresponde exclusivamente a la justicia. Petro explicó que, aunque conoce a Bonilla desde el ámbito académico, no le compete emitir juicios penales sobre su actuación como funcionario.
El jefe de Estado describió a Bonilla como un profesor universitario con formación doctoral en economía y señaló que, en su concepto personal, se trata de una persona “ingenua”. Según Petro, esa condición habría sido advertida en su momento frente a los riesgos de extorsión, aunque insistió en que ese aspecto forma parte del análisis judicial y no de su rol como presidente.
En sus declaraciones, Petro también se refirió al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, a quien ubicó como una figura clave dentro del entramado investigado. De acuerdo con el mandatario, López habría aprovechado estructuras preexistentes dentro de la entidad para apropiarse de recursos públicos, mecanismos que, según afirmó, operaban desde antes de su llegada al Gobierno.
El presidente reiteró que los hechos relacionados con la UNGRD deben ser esclarecidos por las autoridades judiciales y no por valoraciones políticas. En esa línea, enfatizó que su deber es respetar la independencia de la justicia y permitir que el proceso avance sin interferencias desde el Ejecutivo.
La reacción presidencial se produjo luego de que el Tribunal Superior de Bogotá concluyera que existen elementos probatorios suficientes para inferir la posible existencia de un esquema delictivo con vocación de continuidad, desplegado entre mayo de 2023 y febrero de 2024, periodo que coincide con el tiempo en el que Bonilla y Velasco ocuparon cargos ministeriales. La magistrada del caso sostuvo que la detención preventiva es necesaria para evitar presiones indebidas sobre testigos, funcionarios y material probatorio mientras la investigación continúa.
