Tras más de un año de seguimiento judicial y labores de inteligencia, las autoridades desarticularon un grupo que ejecutaba ataques con explosivos en la capital infiltrándose en universidades públicas.

Las autoridades capturaron a once personas señaladas de integrar una estructura radical responsable de múltiples actos terroristas en Bogotá. El grupo, que se autodenominaba ‘PPP’, Brigada clandestina para el pueblo y por el pueblo, es investigado por su presunta participación en al menos 28 hechos violentos ocurridos entre 2024 y 2025 en distintos puntos de la capital.

Las detenciones se produjeron tras más de un año de investigación adelantada por la Policía Metropolitana de Bogotá, proceso que incluyó el análisis de más de 4.000 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, interceptaciones telefónicas, entrevistas a testigos y víctimas, seguimiento a redes sociales y la infiltración de un agente encubierto. Las diligencias se realizaron mediante órdenes judiciales en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal.

De acuerdo con el material probatorio recopilado, los capturados se hacían pasar por estudiantes universitarios utilizando carnés falsificados para ingresar a instituciones públicas. Una vez dentro, se reunían en puntos estratégicos y posteriormente se cambiaban de ropa para evitar su identificación, usando overoles, capuchas y máscaras. Desde allí coordinaban ataques contra estaciones de TransMilenio, buses del SITP, vehículos oficiales y miembros de la fuerza pública.

La investigación permitió establecer que los integrantes fabricaban de manera artesanal artefactos explosivos como papas bomba y bombas molotov, los cuales eran utilizados para generar caos, afectar la movilidad y provocar enfrentamientos con las autoridades. Las autoridades confirmaron que ninguno de los capturados era estudiante universitario activo y que el uso de instituciones educativas era una estrategia para camuflar su accionar.

Entre los detenidos se encuentra alias ‘Salvatore’, señalado como el presunto cabecilla del grupo y responsable de coordinar los ataques, definir objetivos y asignar a los integrantes encargados de portar los explosivos. También fueron capturados coordinadores logísticos y dinamizadores, algunos de los cuales habrían gestionado la adquisición de material explosivo fuera de Bogotá para luego enviarlo a la ciudad y evadir controles.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, indicó que parte de la financiación de la estructura tendría origen en Medellín, lo que sugiere la existencia de redes de apoyo fuera de la capital. Fuentes judiciales señalaron además que el grupo tendría afinidades ideológicas con el pensamiento camilista asociado al ELN, aunque hasta el momento no se ha establecido una subordinación orgánica directa con esa guerrilla.

A los once capturados les fueron imputados delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, incendio agravado, fabricación y porte de explosivos, perturbación del servicio de transporte público, daño en bien ajeno y violencia contra servidor público. Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades advirtieron que este tipo de estructuras buscan generar impacto político y social mediante el terrorismo urbano y confirmaron que las investigaciones continúan para identificar posibles financiadores, redes de apoyo y conexiones en otras regiones del país.