Menu
La decisión del Ejecutivo se da mientras el Gobierno explora acercamientos de paz con la banda criminal La Inmaculada, liderada por Andrés Felipe Marín Silva.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro autorizó la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, solicitado por una corte federal del Distrito Este de Texas por cargos relacionados con el envío, tráfico y fabricación de cocaína. La decisión quedó formalizada en la Resolución 440 de 2025, firmada por el mandatario y por el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga.
La información fue revelada por el diario El Tiempo y marca un giro relevante en la política del Ejecutivo frente a uno de los jefes criminales más notorios del suroccidente del país. Alias Pipe Tuluá es considerado el máximo líder de la banda criminal La Inmaculada, organización con fuerte presencia en Tuluá y señalada de múltiples hechos violentos y actividades de narcotráfico.
La resolución autoriza que Marín comparezca ante la justicia estadounidense, luego de que la Corte Suprema de Justicia emitiera concepto favorable para su entrega. En Estados Unidos, el proceso judicial en su contra se sustenta en una acusación formal del 11 de septiembre de 2024, que lo vincula con una red dedicada a movilizar cargamentos de cocaína hacia territorio norteamericano.
De acuerdo con la documentación judicial, las autoridades estadounidenses lo señalan de coordinar el envío de droga mediante lanchas rápidas y barcos pesqueros, utilizando rutas hacia Centroamérica, desde donde la cocaína era distribuida en ciudades como Dallas y Denver. La DEA también relaciona a La Inmaculada con organizaciones criminales como el cartel de Sinaloa, La Línea y la Oficina de Envigado.
En Colombia, alias Pipe Tuluá fue condenado a 30 años de prisión por 46 homicidios. Actualmente permanece recluido en la estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá, bajo estrictas medidas de seguridad, luego de que las autoridades determinaran que el Inpec no garantizaba condiciones adecuadas para su reclusión en la cárcel La Picota.
La autorización de la extradición coincide con los acercamientos anunciados por el Gobierno para explorar eventuales diálogos de paz con la banda La Inmaculada, lo que reabre interrogantes sobre el futuro de ese proceso. De hecho, Marín había intentado frenar su entrega solicitando ser designado gestor de paz, figura contemplada en la política de “Paz Total”, pero la solicitud no prosperó tras el aval de la Corte Suprema.
Fuentes citadas por El Tiempo señalan que el rol de liderar esos acercamientos había sido atribuido inicialmente al director del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, entidad que, a su vez, enfrenta cuestionamientos por presuntos nexos con estructuras armadas ilegales.
La defensa de alias Pipe Tuluá sostiene que, hasta el momento, la decisión de extradición no ha sido notificada formalmente, aunque la resolución ya fue firmada por el Ejecutivo.
La extradición se suma a otras decisiones recientes del Gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico, como el proyecto de ley para penalizar el tráfico de fentanilo, y se produce en un contexto de tensión con Washington, marcado por la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas y la reciente inclusión del presidente Petro y su círculo cercano en la Lista Clinton.
Este caso vuelve a poner en el centro del debate la coherencia entre los acercamientos con estructuras criminales y las decisiones de extradición, así como el impacto que estas determinaciones tienen en la política de seguridad y en las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
