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Las denuncias de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, contra el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, por presuntas irregularidades en contratos del Fondo de Adaptación abrieron un choque interno en el corazón del Gobierno.
Un nuevo choque interno sacudió los cimientos del Gobierno del presidente Gustavo Petro y dejó en evidencia las tensiones que persisten en el primer círculo del poder. Esta vez, el enfrentamiento tuvo como protagonistas a Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), y a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El origen de la disputa gira alrededor del Fondo de Adaptación, una entidad creada tras el fenómeno de La Niña de 2010–2011 para atender la recuperación económica y social de las zonas afectadas por inundaciones. Aunque históricamente había mantenido un perfil técnico y discreto, el Fondo se convirtió en un foco de disputa por los billonarios recursos públicos que administra.
Carrillo asumió como gerente encargado del Fondo en julio de 2024, pero a comienzos de noviembre, el presidente Petro designó a Angie Rodríguez en ese cargo. Días después, durante una rueda de prensa en la Casa de Nariño, la directora del DAPRE denunció públicamente presuntas irregularidades en la estructuración y ejecución de contratos millonarios, señalando directamente al director de la UNGRD.
Rodríguez puso la lupa sobre el macroproyecto de La Mojana, una región que abarca 11 municipios en cuatro departamentos y que sufre constantes inundaciones. Según la funcionaria, cuatro contratos por más de $132.600 millones presentan aparentes irregularidades y un 0 % de ejecución. Entre ellos se encuentran el proyecto Ruta del Arroz, por $40.491 millones; Investigación Hidrodinámica, por $17.508 millones; Senderos para la Paz, por $60.000 millones; y el desarrollo de la aplicación MojanIA, por $14.662 millones.
“Es una vergüenza”, afirmó Rodríguez, al señalar que tres de esos contratos fueron estructurados durante la gestión de Carrillo. Además, denunció que algunos habrían sido adjudicados de manera directa, con presuntos incumplimientos y falta de transparencia, pese a las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno.
La directora del DAPRE también cuestionó la baja ejecución presupuestal del Fondo. De acuerdo con sus cifras, de $1,1 billones asignados desde 2023 para solucionar los problemas hídricos de La Mojana, solo se han comprometido $170.000 millones y pagado $30.000 millones, lo que equivale a una ejecución cercana al 3 %, dejando más de $930.000 millones en caja. “Es un dato escalofriante”, sostuvo.
Tras las acusaciones, Carlos Carrillo rechazó los señalamientos y aseguró que los contratos expuestos por Rodríguez ya habían sido advertidos por él y puestos en conocimiento de los organismos de control. En ese sentido, calificó la rueda de prensa como una “puesta en escena” y afirmó que su informe de gestión no fue tenido en cuenta.
Carrillo explicó que, tras el cambio de gerencia, se puso a disposición de Rodríguez para aclarar cualquier duda. Además, señaló como origen de las denuncias a una exfuncionaria del Fondo, Katherin Rojas, a quien identificó como cercana al ministro del Interior, Armando Benedetti, y a quien aseguró haber denunciado por presunto politiquería dentro de la entidad.
“Me ratifico en que entregaron el Fondo de Adaptación como fortín a politiqueros”, afirmó Carrillo, quien sostuvo que las denuncias actuales serían una reacción a las alertas que él mismo elevó sobre la captura política del Fondo.
Sobre los contratos cuestionados, Carrillo explicó que uno de ellos, relacionado con la consultoría de Dinámicas Hídricas en La Mojana por $56.000 millones, fue declarado desierto tras recibir alertas por posibles riesgos de corrupción. En cuanto a MojanIA y la Ruta del Arroz, aseguró que venían estructurados desde administraciones anteriores y que, en este último caso, se denunciaron incumplimientos del contratista ante las autoridades.
El conflicto escaló cuando el ministro Armando Benedetti salió en respaldo de Angie Rodríguez, calificando las denuncias como “pruebas contundentes de malos manejos, negligencia e ineficiencia”, y pidió que los hechos sean investigados con rigor.
Carrillo, por su parte, insistió en que toda su gestión está disponible para los organismos de control y lamentó que estas disputas internas trasciendan a la opinión pública. “Estas intrigas palaciegas desgastan al Gobierno y me hacen perder tiempo valioso”, concluyó.
