En un hecho sin precedentes en la Rama Judicial, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, aceptó una condecoración por mérito, pero se negó a recibirla de manos de un funcionario del Poder Ejecutivo.

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, volvió a marcar distancia frente al Gobierno Nacional en un acto solemne de la Rama Judicial. Durante la ceremonia de entrega de la Condecoración José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial, el magistrado aceptó la distinción que le correspondía por su trayectoria, pero rechazó que fuera impuesta por un funcionario del Poder Ejecutivo, en este caso el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga.

El episodio ocurrió en un evento organizado por el Consejo Superior de la Judicatura, en el que tradicionalmente se reconoce el trabajo de funcionarios y empleados de la Rama Judicial. Esta condecoración, que cuenta con tres categorías —oro, plata y bronce—, suele ser entregada a los presidentes de las altas cortes como reconocimiento a sus aportes al derecho y a la jurisprudencia colombiana.

Según versiones de asistentes a la ceremonia, Ibáñez no rechazó la medalla en sí misma, pues esta responde estrictamente a criterios de mérito judicial. Su objeción estuvo dirigida exclusivamente a la imposición del reconocimiento por parte de un representante del Ejecutivo. En coherencia con esa postura, el magistrado se levantó de su silla y se retiró del recinto en pleno acto protocolario, una decisión que sorprendió a los presentes.

El gesto fue interpretado como una acción de coherencia institucional en un contexto marcado por tensiones entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y las altas cortes. En los últimos meses, la Corte Constitucional ha sido blanco de cuestionamientos desde el Ejecutivo por decisiones judiciales adversas, lo que ha reavivado el debate sobre la independencia de los poderes públicos.

Desde sectores de la Rama Judicial, el comportamiento de Ibáñez no fue leído como un acto de confrontación personal, sino como una reafirmación del principio de autonomía judicial. Para quienes presenciaron el hecho, el magistrado envió un mensaje claro: la independencia del tribunal debe preservarse incluso en actos simbólicos y ceremoniales, manteniendo una distancia institucional frente al Ejecutivo.

La actuación del presidente de la Corte Constitucional refuerza una línea que ha sostenido desde el inicio de su mandato al frente del alto tribunal, en la que ha insistido en que la autonomía judicial no es negociable y debe protegerse frente a cualquier intento de interferencia o presión política.