Diversos episodios protagonizados por figuras del Pacto Histórico han reavivado denuncias por misoginia, acoso, hostigamiento político y violencia de género dentro del gobierno que prometió erradicar las desigualdades contra las mujeres.

En el núcleo del gobierno de izquierda que juró erradicar las desigualdades de género, la misoginia se enraíza como un veneno sistémico, alimentado por machismo estructural y un odio latente que psicoanalíticamente podría remitir a homosexualismo reprimido: el terror a lo femenino como espejo de deseos negados, proyectado en agresión para afirmar una masculinidad precaria. Casos emblemáticos del Pacto Histórico lo ilustran con crudeza, desde acoso en medios públicos hasta amenazas con cuchillo en hoteles de lujo.

Hollman Morris, director de RTVC y baluarte petrista, arrastra denuncias por acoso sexual y laboral que datan de 2019, pero se recrudecieron en 2025. Víctimas como Lina Castillo relatan tocamientos no consentidos y comentarios degradantes durante su etapa como concejal, mientras un informe de la FLIP en marzo expone 30 testimonios de control editorial y represalias contra mujeres en la entidad. Morris, respaldado por Petro pese a la «ley del cómplice» que silencia a las denunciantes, encarna el machismo que usa el poder para humillar, minimizando injurias como «campañas de desprestigio».

Duvalier Sánchez, representante a la Cámara por el Pacto en el Valle del Cauca, protagoniza un hostigamiento sistemático contra la gobernadora Dilian Francisca Toro, calificado por la Corte Suprema como «violencia continuada contra la mujer». En octubre de 2025, Toro invocó la Ley 2453 –primera norma contra la violencia política de género– para denunciar citaciones ilegales, increpadas con megáfono y ataques en redes que buscan deslegitimarla por su condición femenina. Sánchez, con su narrativa victimista, generaliza el trauma en desprecio colectivo, un patrón donde el machismo estructural se disfraza de control político.

Víctor de Currea-Lugo, asesor clave en el Dapre y traductor de Petro en su incendiario llamado a la desobediencia militar de EE.UU. en Nueva York (septiembre 2025), resucita de acusaciones de acoso sexual que frustraron su embajada en 2023. Exestudiantes de la Javeriana y la Nacional lo señalan por toques inapropiados y presiones románticas a cambio de calificaciones desde 2014, con un «prontuario» de mensajes coquetos en LinkedIn y comentarios como «qué zapatos tan bonitos, como se verían debajo de mi cama». Su rol junto a Petro, pese a la impunidad, revela un homosexualismo latente reprimido: el odio a lo femenino como escudo contra la vulnerabilidad propia.

Armando Benedetti, exjefe de debate de Petro y embajador ante la FAO, enfrenta una denuncia por violencia de género en Madrid (junio 2025): amenazó a su esposa Adelina Guerrero con un cuchillo de 25 cm, cortó su ropa e insultó en presencia de niños y testigos, escapando del arresto vía inmunidad diplomática. La Cancillería investiga, pero el patrón –insultos escalando a físico– huele a machismo explosivo, donde el poder diplomático encubre el horror doméstico.

Y en el pináculo, el presidente Petro: en septiembre 2025, irrumpió en un Consejo de Ministros con «Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer», reduciendo el empoderamiento a genitales y astucia. Obligado a rectificar por tutela en noviembre –»fue desafortunado, pero científico»–, minimizó como «feminismos que matan», perpetuando estereotipos sexistas que el juez vinculó a «daño moral» colectivo.

Estos no son lapsus: son síntomas de un Pacto que, bajo retórica progresista, fomenta el odio a la mujer, traumas no curados, inseguridades viriles y un patriarcado que sobrevive disfrazado de cambio. Con 83.000 casos de violencia de género en 2025 (un 10% más que 2024), el gobierno misógino debe rendir cuentas. ¿Cuántas más para que el silencio cómplice se quiebre?