Fiscal Patiño pidió aseguramiento domiciliario para Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por UNGRD: peligro para la sociedad y obstrucción a la justicia

La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, solicitó el 27 de noviembre de 2025 la imposición de medida de aseguramiento domiciliaria contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, imputados por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La delegada argumentó que ambos representaban un “peligro para la sociedad” y riesgo de obstrucción a la justicia, al considerar que sus acciones coordinadas movieron más de $612 mil millones en proyectos ficticios para asegurar apoyos legislativos en el Congreso durante la tramitación de reformas clave del gobierno de Gustavo Petro.

La solicitud se presentó ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, donde Patiño detalló que Bonilla y Velasco, junto con otros exfuncionarios, ignoraron principios de función pública al autorizar y promover gestiones para direccionar cupos indicativos y convenios interadministrativos. Los cargos imputados incluyeron concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, delitos que, según la Fiscalía, configuraron un entramado para comprar lealtad política con fondos destinados a emergencias reales, como la sequía en La Guajira.

Uno de los episodios centrales ocurrió el 18 de septiembre de 2023 en La Giralda, sede del Ministerio del Interior, donde Bonilla y Velasco discutieron el panorama electoral y la urgencia de garantizar mayorías legislativas mediante la agilización de proyectos locales. En esa reunión, quedó pactado que María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, atendería solicitudes del senador Julio Elías Chagüi (La U) y aceleraría convenios en Córdoba. Los contratos en cuestión fueron tres convenios interadministrativos firmados entre 2021 y 2022 con los municipios de Lorica, Los Córdobas y Tierralta, que recibieron adiciones, prórrogas y desembolsos sustanciales en 2023 y 2024, evidenciando, para la Fiscalía, un interés indebido para satisfacer compromisos políticos.

Durante la audiencia de imputación del 26 de noviembre, tanto Bonilla como Velasco se declararon inocentes, rechazando categóricamente las acusaciones de concierto para delinquir, interés indebido y cohecho. Insistieron en que nunca participaron en gestiones ilegales para direccionar cupos indicativos ni favorecer congresistas con contratos, y alegaron que sus acciones se enmarcaron en la normal ejecución presupuestal. La defensa de Bonilla argumentó que las reuniones fueron protocolarias y que los proyectos respondían a necesidades reales de los territorios, mientras Velasco, prófugo desde diciembre de 2024, participó vía videoconferencia y negó cualquier pacto corrupto.

Patiño fue enfática: “Los entonces ministros Bonilla y Velasco actuaron de manera coordinada con otros funcionarios para manipular la contratación pública y garantizarse apoyos legislativos, con múltiple material probatorio”. La fiscal detalló que el propósito fue asegurar mayorías para reformas como la de salud, pensiones y laboral, utilizando recursos de UNGRD para proyectos ficticios. El ente acusador solicitó prisión preventiva, argumentando riesgo de fuga y obstrucción, con evidencia como testimonios de Olmedo López (exdirector UNGRD) y Sneyder Pinilla (exsubdirector condenado), que describieron un “cónclave” en Nariño el 27 de noviembre de 2023 para “destrabar” $92.000 millones en convenios a cambio de votos.

El Tribunal Superior de Bogotá fijó la lectura de la decisión para el 18 de diciembre de 2025 a las 9:00 a.m., donde se definirá si se impone o no la medida de aseguramiento. Antes, el 15 de diciembre habrá espacio para intervenciones de las defensas.

El caso UNGRD ya procesó a cinco exfuncionarios: López obtuvo principio de oportunidad, Sandra Ortiz está bajo aseguramiento domiciliario, y González y Manrique son prófugos. Name y Calle, detenidos, enfrentan cargos similares.

Desde una perspectiva crítica, la solicitud de Patiño no es solo procesal; es el hilo que desenreda la mermelada petrista. Bonilla y Velasco, operadores clave, usaron UNGRD como chequera para votos, desviando fondos para La Guajira a coimas. Camargo, bajo presión por lentitud, actúa ahora, pero el daño –sequía sin agua, corrupción rampante– es irreparable. Petro, silencioso, ve su “cambio” salpicado: ¿justicia selectiva o pacto roto? Colombia exige no solo aseguramiento; reparación total.