

CNE sancionó a Ricardo Roa por irregularidades en campaña Petro 2022: $5.300 millones en topes excedidos y $2.100 millones en financiación prohibida; ¿cumplirá su promesa de salir?
El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó el 27 de noviembre de 2025 que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 violó los topes electorales en más de $5.300 millones y recibió financiación de fuentes prohibidas por $2.109 millones, lo que llevó a una sanción histórica contra Ricardo Roa Barragán, entonces gerente nacional y actual presidente de Ecopetrol. La resolución, aprobada por 6 votos contra 3, señaló a Roa como responsable directo de autorizar gastos, firmar contratos y supervisar la contabilidad, confirmando su control absoluto sobre ingresos y movimientos presupuestales en ambas vueltas. Incluso en su versión libre, Roa admitió mantener reportes permanentes en Cuentas Claras, lo que para el CNE probó su conocimiento de las irregularidades. El coordinador de riesgos de donaciones también corroboró que Roa daba el visto bueno final para aportes, haciendo inverosímil su desconocimiento.
En la segunda vuelta, el CNE documentó que el evento en el Movistar Arena costó $250 millones, pero se reportaron solo $150 millones, con la diferencia cubierta por ServiRed S.A.S., una persona jurídica, lo que configuró financiación prohibida. Roa deberá devolver $165.405.960 indexados a 2025 por este ocultamiento. En primera vuelta, se omitió una factura de Caracol TV por $356.102.872 a nombre de Roa, alterando el cálculo de gastos reales. Además, aportes de FECODE ($500 millones vía Colombia Humana) y USO ($379.019.511) no se reportaron, sumando $2.109.533.511 en fuentes proscritas. El CNE impuso multas de $5.922 millones a Roa, Mogollón y Soto, y ordenó restituir fondos al Estado.
Esta sanción reavivó la promesa de Roa en abril de 2024 durante un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara, donde defendió su gestión en Ecopetrol y retó a sus críticos: “Si mi presencia afecta el buen nombre, la reputación o el valor bursátil de la compañía, me apartaré sin que nadie me lo pida”. Acordó con la junta directiva actuar por transparencia, pero fuentes de Ecopetrol confirmaron a Portafolio que el fallo genera “grave afectación financiera”. “Se debe ir, porque si se queda va a ser muy complicado. No habla bien que un presidente de la empresa más grande del país esté involucrado en esta situación”, dijo una fuente anónima. “Hay que proteger la compañía, ya le han hecho suficiente daño y se ve con los resultados financieros”, agregó otra. Ecopetrol cayó al puesto 17 en el ranking Merco 2025, 15 lugares menos que en 2022.
Roa interpuso tutela el 21 de noviembre ante el Tribunal Superior de Bogotá por vulneración al debido proceso, alegando que el CNE abrió alegatos sin practicar pruebas decretadas, como un concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. El Tribunal la declaró improcedente el 28 de noviembre, argumentando recursos ante el Consejo de Estado y ausencia de daño irreparable. Roa anunció recurso de reposición en X: “Siempre he creído en la justicia. Aquí se trata de una decisión administrativa con recursos, a los que acudiremos”.
La compulsa a la Fiscalía traslada elementos para investigar delitos:
En concurso, penas podrían sumar hasta 20 años, más inhabilidad perpetua. La fiscal María Cristina Patiño verificará documentos, testimonios de Castillo y Jara, y flujos financieros vía UIAF. Opositores como Andrés Forero y Juan Espinal exigen renuncia: “Insostenible que dirija Ecopetrol”. Fuentes confirmaron que Roa se reunió con Petro el 28 de noviembre en Palacio para discutir su futuro.
Desde una perspectiva implacable, la sanción del CNE no es triunfo judicial; es el epitafio de una campaña que ganó con promesas de cambio pero perdió con corrupción. Roa, “gran paganini” según Las2Orillas, enfrenta un proceso que lo inhabilitará de por vida, mientras Ecopetrol sangra reputación. Petro, al sostenerlo, arriesga su legado: ¿transparencia o complicidad? Colombia, con $5.300 millones desviados, exige no solo devolución; justicia sin mermelada.
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