La fiscalía general de la Nación abrió noticia criminal por muertes de 15 menores en operativos militares contra disidencias en Guaviare, Amazonas y Arauca: evalúa fallas en DIH

La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal el 18 de noviembre de 2025 para indagar si en las recientes operaciones militares contra disidencias de las FARC se omitieron protocolos del Derecho Internacional Humanitario (DIH), lo que pudo contribuir a la muerte de al menos quince menores de edad. Esta decisión, confirmada por el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés Martínez, no surgió de un vacío: respondió a un patrón de bombardeos en regiones remotas como Guaviare, Amazonas y Arauca, donde la inteligencia militar falló en prever la presencia de niños reclutados forzosamente por alias Iván Mordisco, convirtiendo campamentos guerrilleros en tumbas colectivas para adolescentes que no eligieron la guerra.

La indagación preliminar de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos busca reconstruir no solo las ejecuciones, sino las decisiones previas: ¿se evaluó la posible infiltración de menores en las columnas enemigas? ¿Se priorizaron alternativas terrestres sobre bombardeos aéreos que no distinguen entre combatientes y víctimas? La Fiscalía solicitó a la Justicia Penal Militar la remisión inmediata de registros operacionales –planimetría, informes de inteligencia satelital y actas de verificación postataque– para desentrañar si el Ministerio de Defensa, bajo Pedro Sánchez, causó daños colaterales evitables. Esta línea no se limita a los militares: paralelamente, se abrió otra investigación sobre el reclutamiento ilícito de los quince menores por las disidencias de Mordisco, un crimen que transforma infancias en escudos humanos y que la Fiscalía tipificará como reclutamiento forzado, con posibles agravantes por etnia indígena en el 48% de los casos.

Los hechos, crudos y documentados por Medicina Legal, pintan un panorama de tragedia evitable. El primer bombardeo ocurrió el 24 de agosto en la vereda Nueva York, El Retorno (Guaviare), donde murieron ocho personas, tres de ellas menores –dos varones y una niña, todos entre 13 y 17 años–. Dos meses después, el 1 de octubre en Puerto Santander (Amazonas), cuatro adolescentes –tres varones y una mujer– perecieron en un campamento de Mordisco, sin que la inteligencia previera su reclutamiento reciente. El clímax llegó en noviembre: el 10, en la vereda Itilla, Calamar (Guaviare), veinte neutralizaciones incluyeron siete menores –cuatro mujeres y tres varones–, en una operación que el Ejército justificó como respuesta a una avanzada de 150 guerrilleros alertada un mes antes. Tres días después, el 13 en la vereda La Esmeralda, Puerto Rondón (Arauca), ocho bajas sumaron un menor más, de 16 años, en un ataque que rozó límites con el ELN. Estos quince niños –de etnias indígenas en su mayoría, según la Defensoría del Pueblo– no eran combatientes voluntarios; eran presas de un sistema criminal que los arrancó de escuelas y malokas para cargar fusiles, solo para morir bajo drones estatales que prometen paz pero entregan fosas.

Esta noticia criminal se entrelaza con un enjambre de investigaciones que exponen la fragilidad de la «paz total» de Gustavo Petro. La Procuraduría General, bajo Néstor Osuna –exministro de Justicia del propio presidente–, abrió cinco indagaciones preliminares el mismo 18 de noviembre, exigiendo al general Luis Carlos Córdoba Avendaño, comandante de la Fuerza Aeroespacial, explicaciones por su rol en los bombardeos de Guaviare y Arauca. Osuna, con rigor disciplinario, requirió al Ministerio de Defensa evaluar si se aplicaron principios de precaución, proporcionalidad y humanidad: ¿causaron «el menor daño posible»? ¿Hubo conocimiento de menores en inteligencia? Una comisión ya viajó a las veredas para recolectar testimonios y peritajes, alertando sobre 578 reclutamientos forzados entre 2024 y 2025 –351 niños, 277 indígenas–, un crimen «no amnistiable» que la entidad condenó como «aleve». Paralelamente, la Justicia Penal Militar inició su propia pesquisa el 17 de noviembre sobre Calamar, indagando si el uso de la fuerza fue «legítimo» o excedió el DIH, recordando que menores reclutados pierden estatus civil pero exigen medidas factibles para su protección.

La Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín Ortiz, elevó la voz el 19 de noviembre exigiendo la suspensión inmediata de bombardeos en zonas con riesgo de presencia infantil, argumentando que el Estado, firmante del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, no puede ignorar su deber protector. Marín, aún sin respuestas del Ministerio de Defensa sobre evaluaciones previas, cuestionó la doctrina militar que Petro defendió en X: diferenciar «menores combatientes» de civiles puros, invocando el DIH para operaciones en selvas donde «no hay inteligencia visible». Pero esta justificación, que cita una reducción del 34% en reclutamientos bajo su mandato y promete denunciar a Mordisco ante la Corte Penal Internacional, huele a cinismo: ¿priorizar neutralizaciones sobre rescates? ¿Bombardear campamentos sabiendo que el 40% de las filas de Mordisco son niños, según alertas de 2024? La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia respaldó a Marín, llamando a «todas las precauciones necesarias» para evitar que infantes paguen el precio de fallidas negociaciones.

Desde una perspectiva implacable, estas indagaciones no son burocracia; son el espejo roto de una política que vendió desmovilización pero recurre a la fuerza bruta cuando las mesas colapsan. Petro, que en 2022 juró «paz sin balas», reanudó ofensivas contra Mordisco tras inteligencia de avanzadas territoriales, pero el saldo –quince tumbas infantiles en tres meses– revela no solo fallas operativas, sino un Estado que trata a los reclutados como daños colaterales inevitables. En Guaviare, donde siete menores cayeron el 10 de noviembre, la vereda Itilla vio incautaciones de 35 fusiles, pero ¿a qué costo? Familias indígenas entierran a sus hijos mientras el Ejército celebra «neutralizaciones», y Mordisco, violador del Estatuto de Roma, recluta más sabiendo que los niños son inmunidad. La Fiscalía, al indagar omisiones en planeación –¿se optó por bombas en lugar de incursiones quirúrgicas?–, obliga a confrontar si el DIH es escudo o pretexto para una guerra asimétrica que sacrifica generaciones.

El contexto agrava la indignación: una moción de censura contra Sánchez avanza en el Congreso, impulsada por el saldo de Arauca y Amazonas, donde el ELN y disidencias compiten por rutas cocaleras. La JEP, que documentó 2.411 rescates en tres años, presiona por protocolos actualizados, mientras la ONU condena el reclutamiento como «crimen atroz». Pero detrás de las indagaciones yace un mal endémico: Colombia, con 578 niños robados en 18 meses, tolera que grupos ilegales usen infantes como carne de cañón, y el Estado responda con fuego que no distingue. La Fiscalía Militar, al no mencionar explícitamente a los menores en su auto del 17 de noviembre, parece minimizar el horror, pero Osuna lo dejó claro: si hubo vulneraciones, las sanciones serán «graves», desde destituciones hasta inhabilidades perpetuas.

Estas muertes no son abstracciones; son nombres: en Puerto Santander, cuatro adolescentes identificados plenamente; en Calamar, siete entre 13 y 17 años, con cuatro mujeres que Medicina Legal procesó el 12 de noviembre. La noticia criminal de la Fiscalía, al reconstruir la cadena de mando –del pelotón al alto mando–, podría imputar omisiones dolosas o culposas, tipificadas como homicidio en persona protegida. Pero más allá de culpas individuales, exige un replanteo sistémico: ¿inteligencia que rescate en lugar de bombardear? ¿Diálogos que desarmen reclutamientos antes de que los niños carguen armas? Mientras la comisión de la Procuraduría recorre veredas –Nueva York, Itilla, La Esmeralda–, el país espera no solo justicia, sino prevención: que quince tumbas sean el último capítulo de una «paz total» que, hasta ahora, solo suma cuerpos.

En un territorio donde la coca y las balas dictan soberanía, estas indagaciones marcan un punto de inflexión. Si la Fiscalía y la Procuraduría encuentran fallas –ausencia de verificación satelital, priorización de velocidad sobre precisión–, no bastarán disculpas presidenciales; demandarán reformas que salven infancias de capos y misiles. Colombia, con su historia de niños soldados desde las AUC hasta Mordisco, no puede seguir normalizando estos horrores. La verdad operativa, que emerge de expedientes y testimonios, podría derribar no solo drones, sino doctrinas fallidas.