La transformación del sistema de salud impulsada por el Gobierno Nacional depende en gran medida de los Equipos Básicos de Salud (EBS), grupos de profesionales que, en teoría, llevan atención a zonas rurales y comunidades apartadas. Sin embargo, a pesar de los recursos multimillonarios destinados a este modelo desde 2022, la información sobre su ejecución es prácticamente inexistente. La falta de claridad, los vacíos administrativos y la opacidad en los datos han encendido alarmas sobre la destinación real de los recursos públicos.

Desde agosto de 2022 el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha destinado $8,21 billones para financiar los Equipos Básicos de Salud (EBS), la columna vertebral de su modelo de “atención primaria territorial”. Según la información oficial, estos recursos fueron girados a entidades territoriales y hospitales públicos para conformar equipos que recorrerían barrios, veredas y zonas rurales. Sin embargo, tres años después, el país sigue sin conocer en qué se invirtió la mayor parte de ese dinero ni cuántos equipos funcionan realmente. De los $9,06 billones incorporados en total, solo $1,17 billones —el 14,2 %— aparecen como ejecutados, y aún así no hay documentos que permitan verificar el uso de esos recursos.

La página del Ministerio de Salud, responsable de publicar la información financiera, muestra un panorama preocupante: no hay datos sobre contratos, informes de gestión, retroalimentaciones, soportes de pago, cierre financiero ni seguimiento a los territorios. En la mayoría de las secciones aparecen mensajes como “sin datos” o “no se puede acceder a los datos”, lo que impide conocer quiénes fueron contratados, cuántos equipos existen realmente y qué resultados han producido. Esta falta de transparencia ha generado cuestionamientos sobre la administración de los recursos y la viabilidad de una estrategia que, pese a su alto costo, aún no muestra evidencia verificable de impacto.

A esto se suma que, aunque el presidente Petro ha afirmado públicamente que existen 10.000 equipos en operación, no hay cifras oficiales que respalden ese número. La única pestaña con datos visibles es “asignación”, donde se reportan $5,33 billones distribuidos entre 3.229 entidades territoriales. De ese monto, solo $3,36 billones han sido incorporados presupuestalmente por alcaldías, secretarías de salud y hospitales públicos. Sin embargo, al no existir reportes de seguimiento ni cierre, la ciudadanía sigue sin saber si esos recursos se usaron, se ejecutaron parcialmente o si permanecen sin destinación definida.

La implementación de los EBS se reglamentó a través de resoluciones expedidas en 2022, que autorizan su pago con recursos de la ADRES, del Presupuesto General de la Nación o de “cualquier otra fuente”. Según el propio Ministerio, cada equipo cuesta hoy cerca de $65,8 millones mensuales, cifra que incluye salarios, transporte, operación y un promotor comunitario. Los equipos están conformados por un médico, un enfermero jefe, una psicóloga y cuatro auxiliares de enfermería que deben recorrer microterritorios, tomar signos vitales, detectar riesgos y activar rutas de atención cuando sea necesario. No obstante, la falta de evidencia sobre cuántos equipos existen y a quiénes atienden levanta graves dudas sobre la ejecución real del programa.

“En la página del Minsalud no hay información sobre la ejecución de estos recursos, los contratos, los actos administrativos ni los rendimientos financieros reintegrados. En esos espacios aparecen las leyendas ‘sin datos’ y ‘no se puede acceder a los datos’, lo que deja al país sin la posibilidad de conocer qué se hizo con $8,2 billones”, señalan expertos consultados para esta publicación.

El vacío de información se suma a los problemas legales que rodearon el intento del Gobierno de financiar los EBS con recursos de la UPC en 2024, mecanismo que fue declarado inválido por la Corte Constitucional. La sentencia dejó al descubierto que el Ejecutivo pretendía mover recursos destinados a los afiliados de las EPS sin sustento legal, un giro que, además de ser inconstitucional, habría generado un desfinanciamiento aún mayor del sistema de salud. En medio de esta crisis, el Ministerio no ha respondido a las solicitudes de información enviadas por diferentes medios, incluidas preguntas sobre contratos, informes de gestión o resultados en salud pública.

El costo creciente de los EBS también ha generado preocupación. De los $34,4 millones en salarios, $10,5 millones en transporte y $6,7 millones en operación estimados inicialmente, hoy el monto mensual por equipo supera los $65 millones debido a la depreciación del peso. Si realmente existieran 10.000 equipos —como afirma Petro en sus intervenciones públicas— el país estaría asumiendo un gasto superior a $658.000 millones mensuales, cifra que no coincide con los valores ejecutados ni con las transferencias disponibles. Sin auditorías y sin trazabilidad, cualquier cifra termina convertida en especulación, responsabilidad directa del Minsalud por su opacidad.

La falta de claridad no solo afecta la gestión nacional, sino que obliga a los territorios —entre ellos el Valle del Cauca— a operar programas de salud con incertidumbre financiera y normatividad cambiante. Mientras la Gobernación del Valle del Cauca, bajo el liderazgo de Dilian Francisca Toro, ha mantenido políticas claras de salud pública, vigilancia epidemiológica y fortalecimiento de hospitales, el Gobierno Nacional insiste en implementar modelos sin soporte financiero verificable, sin reglas claras y sin transparencia administrativa. Esta situación compromete la planeación regional y dificulta la atención primaria real en los territorios.

La ausencia de datos oficiales deteriora la confianza en las instituciones nacionales y profundiza la crisis del sector salud. En un país donde la falta de información pública ha sido históricamente una fuente de corrupción, la opacidad alrededor de $8,21 billones es un riesgo grave para la estabilidad del sistema. La incapacidad del Ministerio de Salud para responder preguntas simples —¿cuántos equipos hay? ¿qué hicieron? ¿a quién atendieron? ¿qué impacto tuvieron?— evidencia una falla estructural en la gestión financiera de la cartera.

La ciudadanía y los entes de control siguen a la espera de respuestas claras, documentos oficiales y una rendición de cuentas real. Mientras tanto, los recursos continúan sin trazabilidad y los equipos que supuestamente recorren el país siguen envueltos en una niebla administrativa que el Gobierno aún no parece dispuesto a disipar.