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Los exámenes veterinarios confirmaron que Samantha, la perrita rescatada tras un brutal episodio de maltrato en Usaquén, presenta lesiones antiguas, daño en la columna y signos de agresión reiterada. El caso reaviva el debate sobre la impunidad frente al maltrato animal en Colombia.
El caso de Samantha, una perrita mestiza de 14 años víctima de maltrato en la localidad de Usaquén, Bogotá, ha generado indignación nacional. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), junto con la Policía Ambiental, rescató al animal tras un video viral donde se observaba cómo su tenedor la golpeaba brutalmente por haberse orinado en un pasillo. Las imágenes desataron repudio en redes sociales y reabrieron la discusión sobre la eficacia de las sanciones por crueldad animal en Colombia.
Los resultados médicos practicados por el IDPYBA revelan una historia de violencia sistemática. “El equipo veterinario evidenció dolor en la columna y costillas, con una fractura antigua y signos de agresiones reiteradas”, indicó la entidad. Samantha también presenta lesiones dermatológicas, masas cutáneas y cambios degenerativos crónicos en las articulaciones. Según el informe, su condición refleja un sufrimiento prolongado: “Los hallazgos radiográficos y ecográficos muestran secuelas de años de maltrato.” Actualmente, la perrita se encuentra bajo tratamiento y observación constante.
El agresor, cuya identidad aún no ha sido revelada públicamente, tenía bajo su custodia a Samantha y a dos gatos que también fueron aprehendidos. De acuerdo con la senadora Andrea Padilla Villarraga, si se comprueban lesiones graves, el responsable podría enfrentar penas de prisión y multas de hasta 60 salarios mínimos. “Si hay lesiones graves, la vía es penal: prisión, multa e inhabilidad de hasta cinco años, además de prohibición de tenencia de animales”, precisó la congresista.
La exdirectora del IDPYBA y actual senadora Clara Lucía Sandoval denunció que este no era el primer episodio de abuso. “Me duele en el alma volver a hablar de ‘Sara’, la perrita que rescatamos en 2018. Su agresor le cambió el nombre a ‘Samantha’ para ocultar el delito”, escribió en redes sociales. Sandoval recordó que, pese a las denuncias anteriores, el Consejo de Estado permitió la devolución del animal al agresor, bajo el argumento de que solo los inspectores de Policía podían decidir sobre la custodia.
El caso de Samantha evidencia la fragilidad de la justicia frente al maltrato animal. Aunque en Colombia la Ley 1774 de 2016 reconoce a los animales como seres sintientes, las sanciones rara vez se materializan. Mientras tanto, Samantha continúa bajo observación médica y recibe atención emocional especializada. Su historia se ha convertido en símbolo de resistencia y en una llamada urgente a fortalecer las políticas de protección animal.
