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Tras la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez por parte del Tribunal Superior de Bogotá, el presidente Gustavo Petro cambió radicalmente su discurso. Lo que hace tres meses era un mensaje de respaldo a la independencia judicial, se convirtió en un ataque directo contra los magistrados, a quienes acusó de “tapar la historia del paramilitarismo en Colombia”
La absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez por parte del Tribunal Superior de Bogotá, el pasado 21 de octubre, desencadenó una serie de declaraciones explosivas por parte del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó abiertamente la legitimidad de la decisión. El mandatario colombiano, que meses atrás había prometido respaldo a la independencia judicial, ahora sostiene que el fallo “repite la historia” y encubre los vínculos entre la política y el paramilitarismo.
En julio pasado, tras conocerse la condena en primera instancia a Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por soborno de testigos y fraude procesal, Petro declaró: “Sientan las y los jueces de Colombia que cualquiera que sea el sentido de sus fallos, contarán con la protección del gobierno democrático”. Sin embargo, después de la absolución, su tono cambió por completo. En su cuenta de X (antes Twitter) escribió: “El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradice a la Corte Suprema y afirma que la interceptación judicial que hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad. Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia.”
La molestia del presidente se centró en la decisión del Tribunal de excluir las interceptaciones telefónicas al celular de Uribe, consideradas por la Fiscalía como “prueba reina”. El alto tribunal las declaró ilícitas al concluir que vulneraban su derecho a la intimidad. Petro vinculó esta decisión con la supuesta alianza entre Donald Trump, Uribe y sectores políticos conservadores, insinuando una estrategia coordinada para “sancionar” a su gobierno y obstaculizar su proyecto político. “Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció las alianzas entre el poder político y el narcotráfico paramilitar”, escribió en redes.
El mandatario fue más allá al convocar nuevamente a sus seguidores a la Plaza de Bolívar, anunciando el inicio de la recolección de firmas para materializar una Asamblea Nacional Constituyente. “Ha llegado la hora de las definiciones. Los espero en la Plaza de Bolívar para comenzar la recolección de firmas del poder constituyente”, declaró. Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, precisó que la iniciativa “no busca reelección ni continuidad del actual gobierno”, sino preparar un proceso de Constituyente de iniciativa popular para el próximo periodo presidencial.
La contradicción entre el discurso institucional y el político ha sido evidente. Mientras en julio Petro invocaba la defensa del poder judicial, en octubre se convirtió en su principal crítico. Analistas advierten que este viraje podría profundizar la confrontación entre el Ejecutivo y el sistema judicial. A su vez, sectores de oposición han acusado al presidente de “presionar la opinión pública” y de “erosionar la confianza en la justicia”. El debate se traslada ahora al terreno político, con un país dividido entre quienes ven en Petro un líder que denuncia impunidad y quienes lo acusan de socavar el Estado de derecho.
