La polémica estalló luego de que el Servicio Geológico Colombiano y otras entidades estatales ajenas a la salud difundieran piezas propagandísticas del Gobierno.

Un hecho inédito encendió la controversia en Colombia este fin de semana: el presidente Gustavo Petro desplegó una campaña propagandística contra las EPS utilizando no solo las cuentas oficiales de entidades de salud, sino también de oficinas estatales cuya misión es completamente distinta. Bajo el lema #SeRobaronLaSalud, instituciones públicas como el Servicio Geológico Colombiano (SGC) —encargado de reportar temblores y sismos— difundieron piezas gráficas con la imagen del mandatario y mensajes en español e incluso en inglés: “Colombia’s response: intervention, justice and truth”.

La campaña, que justificaba la intervención de la Nueva EPS y otras entidades, se viralizó en X, Facebook, Instagram, WhatsApp y TikTok, provocando fuertes críticas. El SGC, que solo en X cuenta con más de 800.000 seguidores y cuya misión es “generar conocimiento geocientífico y nuclear para la toma de decisiones en beneficio de las personas y el ambiente”, sorprendió a la ciudadanía al sumarse a un discurso político sin relación con su objeto institucional.

Otras entidades también participaron: Artesanías de Colombia, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Archivo General de la Nación, Invías, el Fondo Nacional del Ahorro y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), entre otras. Ninguna de ellas tiene relación directa con la salud, lo que plantea un debate sobre el uso de recursos públicos y la misión institucional de cada organismo estatal.

“Una institución pública con carácter científico no debería prestarse a este tipo de propaganda burda y ridícula. Su obligación es con toda la nación, no con un gobierno en particular”, advirtió Alejandro Gaviria, exministro de Educación del Gobierno Petro, al citar la publicación del ICANH en sus redes sociales.

Las críticas no se limitaron a voces políticas. En X, el periodista jubilado Roberto Mazzini pidió a la Procuraduría General abrir una investigación contra las entidades involucradas. “Esta cuenta, destinada a informar sobre actividades del sector, está siendo utilizada con fines ajenos a su misión, replicando discursos que nada tienen que ver con su objeto institucional. El funcionario responsable se estaría extralimitando en el ejercicio de sus funciones”, señaló.

La polémica coincide con denuncias sobre la “catástrofe” generada por la intervención estatal en la Nueva EPS, donde se reportan fallas graves en la atención y deterioro de la red de prestadores. Mientras tanto, el uso de oficinas ajenas al sector salud para difundir propaganda oficial abre un nuevo frente de cuestionamientos a la administración Petro, acusado de manipular la institucionalidad para fines políticos.