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El jefe de despacho de la Presidencia fue suspendido tres meses en medio de una investigación por presuntas irregularidades en el contrato de pasaportes.
La tormenta política en torno al contrato de los pasaportes golpea directamente al despacho presidencial. La Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses a Alfredo Saade Vergel, jefe de despacho de la Presidencia, por presunta extralimitación en sus funciones al impartir órdenes sobre el proceso de licitación.
Según el Ministerio Público, Saade habría dado instrucciones a funcionarios de la Cancillería para “racionalizar” y retrasar la expedición de pasaportes, mientras avanzaba un polémico convenio con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal. El órgano de control argumentó que su permanencia en el cargo ponía en riesgo la legalidad de la contratación pública y la prestación de un servicio esencial vinculado al derecho a la libre locomoción.
El caso se enmarca en una investigación abierta desde el 9 de julio contra los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo, además de Saade, por posibles irregularidades en la planeación y justificación del contrato. La Procuraduría encontró documentos sin fundamentos, estudios técnicos incompletos y una proyección de vigencias futuras hasta 2036 por 1,3 billones de pesos sin autorización del CONFIS ni respaldo de un documento CONPES.
La denuncia más sensible provino de Sarabia, quien aseguró que Saade intervino en la licitación sin consultarla. Según su versión, mientras ella proponía prorrogar el contrato con Thomas Greg & Sons que vencía el 1 de septiembre, Saade habría ordenado retrasar citas para “hacer rendir” el inventario actual.
El 6 de agosto, funcionarios de la Procuraduría inspeccionaron la Imprenta Nacional y hallaron contradicciones en las justificaciones del convenio con Portugal. El informe describió “respuestas vacías” y la ausencia de aplicación del manual de contratación. Estas fallas, sumadas al riesgo de comprometer recursos a largo plazo sin autorización legal, llevaron a la medida disciplinaria contra Saade.
“Así, lo que se busca con esta medida es preservar el adecuado desarrollo de la actividad contractual que le compete al Ministerio de Relaciones Exteriores y de la función pública”, concluyó la Procuraduría.
