Empresarios del Valle del Cauca advierten que más de 7.000 empleos y $46.000 millones en inversiones podrían perderse si el Gobierno insiste en imponer condiciones “inviables” para la operación de la Zona Franca Palmaseca.

La Zona Franca Palmaseca, considerada uno de los pilares logísticos y de exportación más importantes del suroccidente colombiano, enfrenta una grave crisis. Según sus directivos, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha impuesto condiciones contractuales “leoninas” que amenazan con desmantelar más de 30 años de desarrollo industrial en Palmira, Valle del Cauca. Estas condiciones incluyen aumentos del 700 % en el canon de arrendamiento y reajustes anuales del IPC + 3, lo que, según los empresarios, hace inviable cualquier operación.

Luis Fernando Sardi y Edinson Cerón, miembros de la junta directiva de Palmaseca, revelaron que el Ministerio ha intentado sin éxito adjudicar cinco licitaciones. Ninguna de las 120 zonas francas del país ha aceptado participar, alegando que los términos son financieramente insostenibles. “No hay sabotaje. Hay condiciones imposibles”, sentenció Sardi en entrevista con SEMANA. La preocupación crece porque la licencia actual de operación vence el 31 de julio de 2025, y si no se renueva, se perderían más de 7.000 empleos directos e indirectos y cerca de $46.000 millones en inversión privada.

El Ministerio, por su parte, emitió un comunicado el pasado 12 de junio donde anunció una sexta convocatoria, insinuando además posibles “prácticas anticompetitivas” por parte de los operadores. Esta insinuación fue rechazada de forma tajante por los directivos de Palmaseca, quienes señalaron que incluso se estarían usando estudios desactualizados y sin adaptación a la realidad económica de Palmira. Adicionalmente, advirtieron sobre la intención del Gobierno de permitir que operadores no especializados asuman la administración de esta zona estratégica.

La controversia adquirió un matiz político luego de que se filtrara un mensaje del ministro Armando Benedetti donde se lee: “Hay que pararle todo a la gobernadora del Valle”. La frase despertó sospechas de una posible retaliación contra la mandataria Dilian Francisca Toro, lo que agravaría aún más la tensión entre el Gobierno y el empresariado vallecaucano. “Esto no es comercialmente viable. Es una amenaza directa al desarrollo económico del suroccidente colombiano”, concluyó Edinson Cerón, dejando claro que lo que está en juego no es solo una zona franca, sino la competitividad de toda una región.

“La incertidumbre que ha generado el Gobierno es total. No han sido claros. La única respuesta ha sido amenazas a los empresarios del Valle del Cauca”, denunció Cerón ante medios nacionales.