

La Fiscalía General reveló detalles escalofriantes sobre la ejecución de ocho líderes religiosos en Calamar, Guaviare. Los cuerpos fueron hallados en una fosa común y la orden habría salido del círculo de confianza de alias Iván Mordisco.
La Fiscalía General de la Nación reveló este martes detalles alarmantes sobre la masacre de ocho líderes religiosos en el municipio de Calamar, Guaviare. Según las investigaciones, la orden de asesinarlos habría sido emitida por miembros del círculo de confianza de alias Iván Mordisco, jefe del autodenominado Estado Mayor Central, una de las principales disidencias de las FARC.
Las víctimas fueron identificadas como Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón. Todos eran reconocidos como figuras religiosas y sociales en la región. Sus cuerpos fueron hallados en una fosa común, en zona rural de Calamar, por unidades de la Fiscalía y la Fuerza de Despliegue Rápido #11 del Ejército Nacional.
La cronología del crimen indica que las víctimas fueron citadas entre el 4 y 5 de abril de 2025 por hombres armados del frente primero ‘Armando Ríos’, estructura que delinque en esta zona del país. Primero, dos de las víctimas fueron llevadas a un lugar apartado, y tres días después, el resto del grupo fue llamado con el pretexto de ser interrogados sobre la posible conformación de una célula del ELN en la región. Días después, los ocho fueron asesinados y enterrados en una fosa.
“Los victimarios al parecer recibieron la orden desde el círculo de confianza de alias Iván Mordisco para evitar la posible conformación de una célula del ELN en la región”, aseguró la Fiscalía.
La Defensoría del Pueblo había advertido previamente sobre el secuestro de estas personas, sin contar con pruebas de vida ni confirmar la autoría del grupo responsable. Hoy se sabe que el crimen fue ejecutado en la vereda Agua Bonita Media, y que detrás de esta acción estaría el interés de Iván Mordisco por consolidar el control territorial y evitar la llegada de otras organizaciones armadas ilegales.
También se reportó que el alcalde de Calamar, Farid Camilo Castaño, ha sido amenazado por intentar mediar en el caso. En Guaviare, la situación de orden público es crítica: la presencia del Estado es mínima, y el control efectivo de los grupos armados ilegales ha generado un ambiente de miedo generalizado entre los pobladores, que se abstienen de denunciar por temor a represalias.
La masacre de estos líderes religiosos reaviva la preocupación por la seguridad en regiones dominadas por estructuras armadas ilegales, y pone en evidencia la fragilidad institucional en zonas rurales del país, donde las comunidades siguen expuestas al terror y el silencio forzado.
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