Tras el anuncio de un paro armado por parte de las disidencias de las Farc en Guaviare, la Procuraduría General de la Nación convocó con urgencia a las autoridades a un consejo de seguridad extraordinario para coordinar acciones de protección a la población civil y servidores públicos.

El departamento del Guaviare enfrenta nuevamente una grave crisis de orden público luego del anuncio de paro armado realizado por las disidencias de las Farc, específicamente el Bloque Amazonas bajo el mando de alias Iván Mordisco. La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Gregorio Eljach, respondió de inmediato a la situación convocando un consejo de seguridad extraordinario con participación de todas las autoridades civiles, militares y judiciales de la región.

El anuncio del paro armado, que estará vigente del 16 al 21 de junio, fue divulgado a través de panfletos y mensajes de intimidación dirigidos a la población de los municipios de San José del Guaviare y El Retorno. En él, se ordena la suspensión de toda movilidad vehicular, servicios de salud, actividades comerciales y sociales, generando una parálisis forzada de la vida cotidiana. La situación ha desatado miedo, zozobra y una sensación generalizada de inseguridad en toda la región.

La Procuraduría, a través de un comunicado oficial, señaló que “el departamento del Guaviare enfrenta graves hechos de violencia en los últimos meses”, y reiteró el llamado a las autoridades para que activen de forma urgente las medidas necesarias que garanticen la integridad y la vida tanto de servidores públicos como de la población civil. En particular, la entidad pidió que se preste especial atención a los municipios más afectados por la presión armada.

El ente de control también exigió que se inicien de inmediato las investigaciones judiciales correspondientes para individualizar y judicializar a los responsables de actos violentos. “Es urgente identificar a los autores y partícipes de estos hechos criminales que alteran el orden público y ponen en riesgo a comunidades enteras”, indicó la Procuraduría, en una clara exigencia a las autoridades judiciales, fiscales y de inteligencia del país.

Desde Guaviare, las alarmas ya habían sido encendidas con la emisión de la Alerta Temprana 001 de 2025, en la que se advertía del riesgo inminente de confrontación entre estructuras disidentes de las Farc bajo el mando de alias Calarcá, Córdoba e Iván Mordisco. Según el Ministerio Público, esta alerta sigue plenamente vigente y debe ser atendida por todas las entidades del Estado encargadas de la protección de derechos fundamentales.

La Procuraduría también solicitó a la Fuerza Pública que atienda de manera urgente los requerimientos que puedan emitir los alcaldes de los municipios afectados, quienes en múltiples ocasiones han denunciado abandono institucional y falta de capacidad de respuesta ante las amenazas armadas. En este contexto, la articulación interinstitucional será clave para evitar tragedias humanitarias o desplazamientos masivos en la zona.

El paro armado, además de los impactos sociales y económicos inmediatos, representa un incremento en la confrontación territorial entre estructuras armadas ilegales que se disputan el control del Guaviare. Esto incluye rutas de narcotráfico, cultivos ilícitos y corredores estratégicos hacia los departamentos de Meta, Vaupés y Caquetá. La Procuraduría advirtió que el Estado no puede permitir que estos grupos consoliden su poder en la región.

En los últimos años, el Guaviare ha sido escenario constante de amenazas, extorsiones, reclutamiento de menores y ataques a misiones médicas. Por eso, este paro armado agudiza una situación ya crítica en términos de seguridad y derechos humanos. La comunidad, atrapada entre la intimidación de los grupos armados y la limitada presencia institucional, vive con temor permanente a represalias por desobedecer las órdenes impuestas por los actores ilegales.

Durante el consejo de seguridad extraordinario, la Procuraduría buscará coordinar un plan de acción que contemple presencia militar reforzada, apoyo aéreo, fortalecimiento de las fiscalías locales y acompañamiento humanitario a las comunidades en riesgo. La entidad insistió en que la respuesta debe ser integral y sostenida, no simplemente reactiva. El consejo también servirá para revisar el estado de implementación de las recomendaciones de alertas anteriores.

La situación en Guaviare es crítica, y lo que está en juego es más que la movilidad o el orden público: se trata de la capacidad del Estado para proteger a su gente en territorios históricamente olvidados. La Procuraduría ha hecho su parte al alzar la voz y exigir acción inmediata. Ahora, la responsabilidad recae sobre los comandantes militares, los fiscales, las alcaldías y el Gobierno Nacional, que deben actuar con contundencia y sin dilaciones.