A días del cierre de la etapa probatoria, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez solicitó a la jueza del caso incluir un fallo que cuestiona la credibilidad del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, por buscar beneficios judiciales a cambio de su testimonio.

El abogado Jaime Granados Peña, defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, presentó este lunes 16 de junio una solicitud formal ante la jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá para que se admita una nueva prueba documental en la etapa final del juicio. Se trata de un fallo recientemente revelado por la revista Semana, en el que se niega una solicitud de rebaja de pena hecha por el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve Pineda, quien ha sido pieza clave de la Fiscalía en los procesos contra Uribe y su abogado Diego Cadena. Esta solicitud busca demostrar que Monsalve ha tenido un interés directo en conseguir beneficios judiciales a cambio de su testimonio.

La decisión fue tomada por el juzgado 11 de ejecución de penas de Bogotá, que negó a Monsalve una reducción de su condena por haber declarado en el juicio contra Diego Cadena. En ese proceso, Monsalve, junto a su abogado Miguel Ángel del Río, había solicitado una rebaja de sentencia al argumentar que su colaboración con la justicia debía ser compensada. Sin embargo, el juez determinó que Monsalve no podía acceder a este beneficio por su rol como jefe de una estructura criminal, lo que excluía la posibilidad de reducción de pena según la normatividad vigente.

Para la defensa de Uribe, esta decisión judicial es fundamental, ya que revela que Monsalve ha estado motivado por un interés personal y no por un deseo genuino de colaborar con la verdad. “Demuestra tener un interés en su testimonio”, afirmó Granados, añadiendo que esta nueva evidencia pone en entredicho la credibilidad del testigo clave de la Fiscalía. De acuerdo con el penalista, la estrategia de la defensa busca demostrar que el testimonio de Monsalve carece de imparcialidad y ha sido manipulado con la intención de obtener beneficios a costa del proceso judicial contra el expresidente.

En su intervención ante la jueza, Granados también cuestionó que el fiscal delegado ante el Tribunal, Daniel Hernández, haya avalado previamente una rebaja de hasta diez años en la condena de Monsalve por su colaboración en el caso de Diego Cadena. El fallo ahora citado expone que, además de haber solicitado ese beneficio, Monsalve no mencionó dicha gestión en su extensa declaración del pasado febrero, ocultando un dato que debía ser conocido por la audiencia del juicio. Esta omisión, según la defensa, constituye un elemento crítico que debe ser tenido en cuenta por el tribunal.

Granados también recalcó que Monsalve fue condenado a 44 años de prisión y que ya había obtenido, por vía de la colaboración con la Fiscalía, una reducción significativa en su condena. Esta situación refuerza, en su criterio, la existencia de un patrón de comportamiento del testigo basado en obtener ventajas procesales. El abogado afirmó que este elemento “material sobreviniente” debe incorporarse en el proceso, ya que evidencia que Monsalve ha ocultado información esencial para el análisis de su credibilidad como testigo bajo juramento.

La defensa subraya que la solicitud de rebajas por parte de Monsalve no es reciente, sino que venía gestionándose desde antes de rendir testimonio. Granados insistió en que se trata de una estrategia premeditada, respaldada incluso por el visto bueno del fiscal Hernández, lo que demostraría una coordinación previa con sectores de la Fiscalía que estaban dispuestos a negociar beneficios a cambio de declaraciones incriminatorias. Esto, asegura, contradice los principios de independencia procesal que deberían regir un testimonio judicial.

El argumento central de la defensa de Uribe es que la credibilidad del testigo estrella de la Fiscalía está comprometida. En su petición, Granados indicó que esta prueba no solo es pertinente, sino también urgente, pues el juicio se encuentra en la etapa final de presentación de pruebas por parte de la defensa. La jueza deberá decidir si admite este fallo como evidencia adicional para el análisis de fondo del caso. La defensa espera que este nuevo elemento incida en el juicio de valor sobre la validez de las acusaciones sustentadas en las declaraciones de Monsalve.

El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve ha sido la figura más polémica en este proceso. Su testimonio ha sido usado por la Fiscalía como eje de las imputaciones por fraude procesal y soborno en actuación penal. No obstante, el fallo ahora citado señala que Monsalve lideraba una estructura criminal desde prisión, lo cual según el juez lo excluye de cualquier beneficio legal por colaboración. Esto podría modificar sustancialmente la percepción del tribunal sobre su papel en el caso.

La defensa sostiene que los procedimientos utilizados para obtener el testimonio de Monsalve vulneraron principios del debido proceso y que sus declaraciones se han convertido en un instrumento político más que en una contribución real a la justicia. Granados reiteró que no se puede permitir que testigos con intereses personales influyan en decisiones judiciales de tan alto impacto. De ser admitida esta prueba, la narrativa del caso podría inclinarse en favor del expresidente Uribe, debilitando el andamiaje de la acusación.

Esta solicitud se produce en un momento clave: faltan pocos días para el cierre de la etapa probatoria del juicio contra Álvaro Uribe Vélez, acusado formalmente por los delitos de soborno a testigos, soborno en actuación penal y fraude procesal. El país espera una decisión definitiva en este caso de alto perfil que ha tenido repercusión nacional e internacional. Con esta maniobra jurídica, la defensa busca inclinar la balanza en la recta final del proceso.