Durante una manifestación pacífica en rechazo al asesinato de Shirley Vaneza en Palmira, cuatro estudiantes de la Universidad del Valle fueron embestidos por dos vehículos en Cali. Uno de ellos se encuentra en estado reservado. La Rectoría exige investigación urgente.

La indignación crece en la comunidad universitaria de Univalle tras conocerse que cuatro estudiantes fueron atropellados mientras participaban en una protesta pacífica en la sede Meléndez, en Cali. La manifestación fue convocada en rechazo al asesinato de Shirley Vaneza, estudiante de la universidad, ocurrido días antes en el campus de Palmira. Lo que comenzó como un plantón de denuncia terminó con un nuevo acto de violencia: dos automóviles arrollaron a los manifestantes, dejando a uno de ellos con lesiones graves.

Los hechos fueron denunciados por el Comité Estudiantil de Derechos Humanos de Univalle, que reportó dos incidentes. En el primero, dos mujeres fueron embestidas por un vehículo, una de ellas menor de edad. En el segundo, otro conductor pasó literalmente por encima de las extremidades de un joven estudiante, quien ahora enfrenta un diagnóstico reservado y posible afectación permanente en su movilidad.

Pese a las solicitudes de ayuda, las autoridades de salud no habrían respondido con la debida prontitud, según relataron los propios estudiantes.

“Los otros dos compañeros están en revisión, y uno de ellos se encuentra en estado reservado, sobre todo porque puede estar comprometida su movilidad”, señaló Juan Fernando Muñoz, delegado general de Derechos Humanos de la universidad.

La Rectoría de la Universidad del Valle se pronunció con contundencia, rechazando todo acto de violencia contra sus estudiantes y exigiendo una investigación inmediata. En un comunicado, reafirmó su respaldo al derecho a la protesta pacífica y anunció acciones legales ante las entidades competentes para que los responsables enfrenten consecuencias.

Este nuevo episodio de violencia revive las preocupaciones sobre el derecho a la protesta y la seguridad de los estudiantes en entornos urbanos. Mientras tanto, el silencio institucional de las autoridades municipales ha generado malestar entre académicos y organizaciones defensoras de derechos humanos.

“No puede ser que reclamar justicia por una compañera asesinada termine con otros estudiantes en un hospital”, sentenció un representante del comité estudiantil.