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“Seguirá corriendo sangre”: ELN amenaza con más violencia en el Catatumbo
La región del Catatumbo, en Norte de Santander, atraviesa una de las peores crisis de violencia en los últimos años, con enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc que han dejado un saldo de decenas de muertos y desplazados. A esta situación crítica se suma un comunicado del ELN, divulgado el 17 de enero, en el que la guerrilla lanza amenazas directas y pone condiciones para frenar la violencia.
El grupo subversivo afirmó que la violencia continuará en la zona hasta que alias Richard, comandante de las disidencias de las Farc, sea capturado o asesinado. “Le informamos que seguirá corriendo sangre en el Catatumbo hasta que no se entregue”, puntualizó el comunicado, dejando clara su posición beligerante en el conflicto.
Además, el ELN declaró como objetivos militares a varias empresas, incluidas Ecopetrol, Disico y Cens, a las que acusa de haber realizado negociaciones clandestinas con el comandante Richard. “La empresa Disico, junto con el extorsionista y rata Hair Rincón de Cens y su títere Freddy Vera de Cens, son declarados objetivo militar”, advirtió el grupo armado.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha reiterado su preocupación por la grave vulneración de derechos humanos que enfrentan las comunidades del Catatumbo. En un comunicado, la institución instó al Gobierno nacional y a los entes territoriales a garantizar la protección de los civiles y a redoblar esfuerzos para brindar asistencia humanitaria en la región. “Reiteramos la necesidad urgente de que las autoridades competentes actúen de manera inmediata y efectiva para garantizar la protección y los derechos fundamentales de las personas afectadas por esta confrontación”, señaló la Defensoría.
El Catatumbo, una región estratégica para el control del narcotráfico y con más de 52 mil hectáreas de cultivos ilícitos, se ha convertido en un epicentro de violencia entre grupos armados ilegales. La población civil se encuentra atrapada entre los enfrentamientos, con numerosas denuncias de desplazamientos forzados y violaciones a los derechos humanos.
Según la Defensoría del Pueblo, esta crisis refleja la falta de control del Estado en la zona y la necesidad de una intervención urgente para detener el ciclo de violencia.
