Andrea Ramírez confiesa que contratos fueron utilizados para ganar apoyo político. Corte Suprema investiga presuntas irregularidades en la UNGRD.

Andrea Ramírez, exasesora del Ministerio de Hacienda, confesó ante la Corte Suprema de Justicia la existencia de una «matriz» que vincula contratos con congresistas en un presunto esquema de corrupción. Según sus declaraciones, estos contratos estaban relacionados con proyectos de inversión que se asignaban a cambio de apoyo político al Gobierno.

Ramírez también implicó al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmando que estaba al tanto de estas gestiones. Este caso se suma a las investigaciones sobre irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde también se han detectado contratos a cambio de votos.

En el marco de estas revelaciones, la Corte Suprema llevó a cabo allanamientos en la oficina y residencia de Ramírez, en busca de pruebas que puedan esclarecer su papel y el de otros funcionarios involucrados. Las autoridades buscan establecer el alcance de este esquema y sus posibles beneficiarios.

«Este caso es una muestra de cómo se utilizó la asignación de proyectos para asegurar el apoyo político,» señalaron fuentes cercanas a la investigación. La Corte Suprema continúa recabando evidencia para determinar las responsabilidades penales de los implicados.