La senadora Isabel Zuleta, designada por el gobierno de Gustavo Petro para participar en los diálogos de paz urbana, enfrenta cuatro indagaciones previas en la Corte Suprema de Justicia, una de ellas relacionada con irregularidades en la cárcel de Itagüí en medio de contactos con estructuras criminales. El caso expone los riesgos de la "paz total" petrista, que pone a funcionarios cercanos al régimen en contacto directo con el crimen organizado dentro de las prisiones.