

Una reciente encuesta de Invamer muestra que el 96% de los colombianos considera que la inseguridad está empeorando, un porcentaje alarmante que refleja la realidad de calles y barrios dominados por el miedo. Asaltos masivos, extorsiones y homicidios han aumentado, erosionando la tranquilidad que tanto costó recuperar en décadas pasadas.
Este deterioro no es solo percepción: indicadores oficiales registran incrementos en delitos como la extorsión, que subió 11% en años recientes, consolidándose como un negocio criminal que asfixia a comerciantes y familias. La expansión de grupos armados ilegales, que desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, ya tienen presencia en más del 70% del territorio nacional, generando crisis humanitarias en regiones olvidadas.
Los analistas señalan que las políticas de Gustavo Petro han envalentonado a los delincuentes, con su complicidad y falta de mano dura contra el crimen. En ciudades como Bogotá, robos callejeros y microtráfico aterrorizan a ciudadanos honestos que solo piden vivir en paz.
La respuesta debería ser clara: fortalecer la Fuerza Pública, mejorar la justicia para acabar con la impunidad y promover valores de orden y respeto. Sin embargo, queda claro que Petro pareciera tener un acuerdo oscuro con la delincuencia para garantizar quizá su continuidad en el poder en un país dónde cuenta con menos del 30% de aceptación. Colombia merece líderes que prioricen la seguridad ciudadana sobre ideologías fracasadas.
Miles de víctimas claman por un cambio real que devuelva la autoridad del Estado y proteja la vida y propiedad de los colombianos trabajadores. El país hoy enfrenta las consecuencias de haber elegido por presidente a un ex miembro de grupos terroristas que vino a destruir el estado desde dentro, que ha permitido, alentado y patrocinado la expansión y fortalecimiento de grupos armados narcotraficantes y que ve en el caos y la destrucción, la oportunidad de perpetuarse indefinidamente de la misma forma que lo hizo Hugo Chávez en Venezuela, una dictadura que ya dura 26 años y que sumió a la que fuera la nación más rica del continente en la absoluta miseria bajo un régimen del terror.
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