Víctima de reclutamiento infantil acusa a Sandra Ramírez y denuncia que la justicia protege a los victimarios

La voz de Daisy Guanaro no es una opinión ni una consigna política: es el testimonio vivo de una niña que fue arrancada de los brazos de su madre a los once años por las Farc y convertida en botín de guerra. Hoy, con 39 años, Daisy vuelve a hablar no solo contra quienes la violentaron, sino contra un sistema que, según denuncia, sigue protegiendo a los responsables mientras silencia a las víctimas. Su reacción se da tras un fallo de la Corte Constitucional que ordenó a una periodista rectificar afirmaciones que señalaban a la hoy senadora Sandra Ramírez como responsable de abusos sexuales sistemáticos contra niñas reclutadas por la guerrilla.

Para Daisy, la decisión judicial no es un asunto técnico ni un debate sobre libertad de prensa: es una nueva forma de violencia. Considera que ordenar una rectificación equivale a poner en duda su verdad y la de cientos de mujeres que, como ella, fueron abusadas dentro de la estructura armada de las Farc. Sostiene que Sandra Ramírez no fue una figura marginal, sino una mujer con poder absoluto dentro del grupo armado, protegida por su relación directa con Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, y con capacidad para decidir sobre los cuerpos de niñas y adolescentes.

Daisy relata que, tras su reclutamiento forzado, fue sometida a la implantación violenta de un dispositivo anticonceptivo cuando apenas era una niña, un procedimiento que le dejó secuelas físicas permanentes. Narra abusos sexuales reiterados, castigos, humillaciones y abortos forzados practicados a menores, prácticas que —afirma— eran sistemáticas y conocidas por los mandos guerrilleros. Según su testimonio, Sandra Ramírez no solo conocía estos hechos, sino que los ordenaba y los facilitaba, reuniendo niñas para que fueran abusadas por comandantes de alto rango.

La sobreviviente denuncia que ha insistido ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que la senadora sea vinculada al macrocaso 07, que investiga violencia sexual y crímenes contra niños en el conflicto armado, pero que su solicitud ha sido ignorada. A su juicio, la exclusión de Ramírez se debe únicamente a que no hizo parte formal del secretariado, una excusa que considera inaceptable frente a la magnitud de los crímenes cometidos.

Desde que decidió hablar públicamente, Daisy afirma que su vida se convirtió en una pesadilla. Ha sido desplazada en múltiples ocasiones, ha recibido amenazas de muerte contra ella y sus hijos, y hoy cuenta con un esquema de seguridad. Aun así, se niega a callar. Advierte que el fallo judicial ha generado miedo entre otras víctimas, muchas de las cuales han optado por guardar silencio ante el temor de represalias o de ser nuevamente deslegitimadas por el Estado.

Su testimonio también es una denuncia directa contra el proceso de justicia transicional, al que acusa de haber privilegiado la narrativa de los excombatientes por encima del dolor de las víctimas. Daisy recuerda que, mientras quienes abusaron de ella ocupan curules en el Congreso, las víctimas apenas cuentan con minutos simbólicos para hablar y enfrentan obstáculos constantes para que su verdad sea escuchada. Para ella, eso no es reconciliación, sino revictimización.

Hoy, Daisy Guanaro insiste en que no se retractará, no se esconderá y no aceptará lo que llama una “mordaza judicial”. Asegura que su lucha continuará en Colombia o ante instancias internacionales si es necesario, porque —dice— el país no puede construir paz sobre el silencio forzado de las víctimas ni sobre la impunidad de quienes convirtieron a niños y niñas en instrumentos de guerra. Su mensaje es claro y brutal: su verdad no será borrada por ningún fallo y solo la muerte podrá callarla.