El Departamento de Estado de EE.UU. pidió a Petro y Fiscalía indagar vínculos con disidencias de Calarcá: «Investiguen a fondo y tomen acciones»

El Departamento de Estado de Estados Unidos elevó la presión sobre el gobierno de Gustavo Petro, al exigir una investigación «exhaustiva» de los presuntos vínculos entre altos funcionarios colombianos y las disidencias de las FARC de alias Calarcá, una estructura señalada por la Fiscalía como posible responsable del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. El pronunciamiento, en respuesta a las revelaciones de Noticias Caracol del 23 de noviembre, llegó en un momento de máxima tensión bilateral, agravado por la inclusión de Petro en la Lista Clinton de la OFAC por supuestos lazos con narcotráfico.

«Estamos al tanto de los informes que alegan vínculos entre altos funcionarios de la Administración Petro y disidentes de las FARC designados como organización terrorista extranjera (FTO). Dada nuestra histórica y estrecha cooperación en materia de seguridad, instamos a la Administración Petro, a la Fiscalía General de la Nación y a otras instituciones colombianas a investigar a fondo estas denuncias y tomar todas las acciones correspondientes», declaró un portavoz del Departamento de Estado en un correo a Caracol. Esta demanda no fue aislada: el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ya había solicitado el 24 de noviembre al embajador John McNamara que EE.UU. revisara los nexos y pidiera extradiciones de implicados en narcotráfico y terrorismo.

El escándalo, que involucra al general Juan Miguel Huertas –reintegrado por Petro en julio de 2025 pese a indagatorias por falsos positivos– y a Wilmar Mejía, «verdadero poder» en la DNI, se basa en evidencias incautadas hace 16 meses durante un retén en Santo Domingo (Antioquia). Los archivos –chats, correos y cartas– detallaron reuniones para empresas fachada de seguridad, filtraciones de códigos radiales del Ejército y pactos de no agresión en Catatumio, a cambio de «aportes de campaña» a Petro en 2022. Huertas propuso en una carta del 8 de febrero de 2024 una «compañía de 20 hombres» «mitad y mitad», con permisos para armas vía Indumil (participó su director, Juan Carlos Mazo). Mejía, apodado «El Chulo», facilitó vehículos blindados estatales para evadir capturas y viajes a Venezuela por «pruebas» de muertes guerrilleras.

Petro rompió 24 horas de silencio el 24 de noviembre en X, minimizando las pruebas como «versiones de supuestos informes de inteligencia» originados en la CIA: «La fuente del periodista es la CIA, que tiene la costumbre de tender redes para afectar a la opinión pública de acuerdo con los intereses de su Gobierno». Acusó a la agencia de fabricar falsedades para censurar su «pensamiento crítico» sobre Palestina y el narcotráfico, y exigió cortar «lazos entre oficiales del Ejército y la policía» mediante contrainteligencia, no «uso político». «Los lazos entre oficiales del Ejército y la policía deben cortarse de inmediato; la contrainteligencia es para detectarlos y no para hacer uso político de la información», tuiteó. Petro, que reintegró a Huertas pese a su historial, insinuó que las denuncias provenían de «quienes vienen denunciando nexos de corrupción en la Fuerza Pública desde un inicio».

La vicepresidenta Francia Márquez, mencionada en chats como «puente» de aportes vía Mayimbú (fallecido), negó todo el 24 de noviembre: «Un delincuente usó mi nombre para darse importancia frente a otros delincuentes». Exigió pruebas judiciales: «Jamás me reuní con criminales ni me presté para pactos oscuros. Mi campaña fue transparente». Mordisco, rival de Calarcá, había tuiteado en marzo de 2024: «Apoyamos a Petro en campaña; no éramos traquetos entonces. Nos traicionó con guerra y capitalismo».

La Fiscalía, con los archivos desde 2024, abrió indagatoria el 24 de noviembre tras la presión, pero Camargo enfrentó moción de censura por «inacción». Rendón reiteró: «Sospechosa benevolencia con Calarcá mientras Mordisco sangra». Sánchez ordenó investigación interna: «Calarcá y Mordisco son criminales; captura si flagrancia». Huertas y Mejía negaron: «Montaje». La Procuraduría indagó por «conducta gravísima». EE.UU., con su llamado, amplió la brecha bilateral: ayuda en seguridad (500 millones anuales) pende de un hilo, y el MNNA podría revocarse.

Desde una óptica implacable, este pronunciamiento de Washington no es llamado amistoso; es ultimátum. Petro, que culpó a la CIA sin pruebas, ignora que sus reintegros –Huertas por falsos positivos– y silencios fiscales alimentan dudas. La «paz total», que negocia con Calarcá mientras bombardea a Mordisco (15 menores muertos), se desmorona por infiltraciones que financiaron su triunfo. Colombia, con 578 niños reclutados, merece justicia, no excusas. ¿Respuestas o caída?