La disputa entre el cuestionado ministro del Interior, Armando Benedetti, y la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, ha escalado de un conflicto personal a un choque institucional que expone tensiones entre el Gobierno Nacional y la justicia colombiana.

El enfrentamiento entre Armando Benedetti y la magistrada Cristina Lombana no surgió con los insultos recientes ni con la diligencia judicial que detonó la polémica: es un conflicto incubado durante años, alimentado por decisiones judiciales, recusaciones, acusaciones mediáticas y una estrategia sostenida por el hoy ministro del Interior para deslegitimar a la funcionaria que dirige varios de los expedientes más sensibles en su contra. Desde marzo de 2021, cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió una investigación formal por presunto enriquecimiento ilícito, Benedetti inició una campaña discursiva que buscaba instalar la idea de que Lombana actuaba movida por animadversión personal. En ese momento, la Corte encontró inconsistencias significativas en la evolución patrimonial del entonces congresista, detectando un incremento de alrededor de 3.000 millones de pesos que no se correspondía con sus ingresos formales. La magistrada, lejos de emitir juicios mediáticos o buscar protagonismo público, mantuvo la reserva procesal y avanzó en las líneas investigativas autorizadas por la ley.

A lo largo de los años, cada avance judicial ha sido respondido por Benedetti con nuevas acusaciones. Ha denunciado supuestos abusos, ha presentado quejas disciplinarias, ha solicitado apartarla de los procesos e incluso la ha señalado de actuar con “obsesión” y “delirio frenético”. Sin embargo, cuando se revisa en detalle la cronología del conflicto, se evidencia que son las decisiones judiciales —y no ningún conflicto personal— las que han generado las reacciones del funcionario. En abril de 2022 intentó la primera recusación formal contra Lombana, alegando falta de imparcialidad. Desde entonces, cada movimiento de la magistrada ha detonado un nuevo episodio público: denuncias, cartas abiertas, comunicados y, finalmente, insultos de alto calibre, como los que pronunció tras la orden de allanamiento emitida por la Corte Suprema sobre su vivienda en Puerto Colombia. En esa ocasión, Benedetti, en medio de su reacción, la calificó de “loca”, “demente” y “delincuente”, en un mensaje que no solo generó rechazo público, sino que reveló el punto más tenso que ha alcanzado esta confrontación.

Las investigaciones contra el hoy ministro del Interior abarcan un espectro de casos que explican la profundidad del escrutinio judicial. Actualmente enfrenta siete expedientes activos: enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, participación en presunta compra de votos, exigencias irregulares en trámites de pensiones asociadas a la Fiduprevisora, posibles actos de corrupción relacionados con cupos indicativos en Fonade, irregularidades en el traspaso de un inmueble que habría aumentado su patrimonio sin justificación y una investigación adicional por actuaciones vinculadas a sectores económicos del Caribe. Cada una de estas líneas investigativas se encuentra sustentada en documentos, testimonios y análisis financieros que han sido revisados por la Sala de Instrucción. Contrario a las afirmaciones de Benedetti, la magistrada Lombana no actúa de manera independiente ni unilateral: todas sus decisiones pasan por el cuerpo colegiado de la Corte Suprema, que debe aprobar cada medida, desde las indagaciones preliminares hasta las órdenes de allanamiento.

El caso Fonade constituye uno de los expedientes más complejos, pues la Corte investiga si Benedetti habría intervenido indebidamente para direccionar recursos del Fondo Nacional de Desarrollo entre 2016 y 2017. Este expediente guarda similitudes estructurales con los recientes escándalos de la UNGRD, aunque se trata de hechos de años anteriores y con mecanismos distintos. Benedetti siempre lo ha negado, pero las actuaciones procesales han continuado con ritmo constante. Además, la mansión donde se ejecutó el allanamiento reciente —una propiedad que perteneció al empresario Álex Saab, acusado de ser testaferro del régimen de Nicolás Maduro— añadió un elemento de controversia: el ministro vive allí bajo un contrato de leasing con cuotas superiores a los 20 millones de pesos mensuales, pese a haber declarado en febrero de 2025 que estaba “en la quiebra” y que apenas tenía 13 millones en cuentas, mientras acumulaba deudas por más de 900 millones. Este contraste entre su realidad patrimonial declarada y su estilo de vida actual ha intensificado las dudas sobre el origen de sus recursos, motivo por el cual la Corte sigue avanzando en las indagaciones.

Mientras tanto, la magistrada Lombana ha mantenido una postura institucional: no interviene en medios, no responde ataques y no emite opiniones personales. Su rol se ha limitado estrictamente a dirigir y avanzar las investigaciones que la Corte le asigna, pese a la presión mediática que implica tener como investigado a un ministro del gobierno nacional. El contraste entre el silencio de la magistrada y el estilo confrontacional del ministro ha generado una fractura visible entre el poder político y la justicia, especialmente en un contexto en el que el Gobierno ha chocado repetidamente con organismos de control, altos tribunales y fiscalías. El caso Benedetti-Lombana, más que una disputa personal, se ha convertido en un síntoma del deterioro institucional que atraviesa el país: un escenario donde funcionarios del Ejecutivo se enfrentan públicamente al aparato judicial y donde la credibilidad de las instituciones queda expuesta a ataques discursivos que buscan erosionar su legitimidad.

“El enfrentamiento entre Benedetti y la magistrada Lombana no es un simple cruce de palabras: es la evidencia de una tensión mayor entre un funcionario acorralado por la justicia y una Corte que, pese a los ataques, continúa cumpliendo su deber constitucional.”