La captura de Emilio Tapia, condenado dos veces por corrupción, se produjo en una clínica de Barranquilla tras la revocatoria de su libertad condicional. El polémico contratista volverá a prisión por su papel en el escándalo de Centros Poblados, uno de los mayores fraudes contra el Estado colombiano en la última década.

El contratista Emilio Tapia, uno de los nombres más conocidos en los escándalos de corrupción de Colombia, fue capturado por la Policía Nacional en una clínica de Barranquilla tras la orden emitida por el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá. La medida judicial revoca su libertad condicional, concedida en abril de 2025 por un juez de ejecución de penas, que había considerado su “buen comportamiento” como suficiente para salir de prisión. Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación apeló la decisión al advertir inconsistencias y falta de reparación efectiva del daño causado al Estado.

El caso que lo lleva nuevamente tras las rejas es el de Centros Poblados, un contrato firmado en 2020 con el Ministerio de las TIC durante el gobierno de Iván Duque, cuyo propósito era llevar internet gratuito a zonas rurales. Tapia, según la Fiscalía General de la Nación, creó una unión temporal con documentos falsos para ganar un contrato de un billón de pesos, utilizando una póliza bancaria falsa a nombre del Banco Itaú. El Estado entregó un anticipo de 70.000 millones de pesos, parte del cual nunca fue recuperado.

El juez que revocó su libertad sostuvo que no se cumplieron las condiciones para mantener el beneficio. “El adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario no fue probado en su totalidad”, indicó el fallo. Además, la Procuraduría pidió verificar si el contratista cumplió con la reparación económica establecida en el preacuerdo con la justicia. Tapia había prometido devolver 5.000 millones de pesos, de los cuales solo ha entregado la mitad, comprometiéndose a pagar el resto con bienes ubicados en Girardot (Cundinamarca) y Medellín.

Tapia, condenado anteriormente por su participación en el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, había sido considerado un “rehabilitado” por las autoridades penitenciarias. Sin embargo, su regreso a la libertad fue criticado por distintos sectores políticos y judiciales, que calificaron el fallo de abril como un “premio a la impunidad”. Con su recaptura, vuelve a figurar como símbolo del deterioro institucional y la corrupción en la contratación pública.

El contratista permanecerá bajo custodia mientras se define su reingreso al centro penitenciario. Para muchos, el caso Tapia refleja el ciclo perverso de un sistema judicial indulgente con los grandes corruptos. Como dijo un funcionario de la Procuraduría: “En Colombia, el delito se vuelve rentable cuando se negocia con la verdad y se maquilla la justicia.”