“El daño es devastador”: Keralty pide justicia y reparación tras intervención ilegal de Sanitas por parte del gobierno Petro.

La polémica en torno a la EPS Sanitas vivió un nuevo capítulo con la contundente decisión de la Corte Constitucional, que declaró ilegal la intervención realizada por la Superintendencia Nacional de Salud desde abril de 2024. El grupo Keralty, matriz de la EPS, reaccionó con dureza: calificó la medida estatal como un “ataque directo contra los derechos fundamentales” y exigió reparación inmediata por lo que considera un daño incalculable a sus 5,7 millones de afiliados y a toda la red prestadora de servicios.

En una carta pública, la compañía denunció que la intervención “no fue un error administrativo”, sino parte de una estrategia deliberada para desmantelar un sistema de salud que había funcionado con eficiencia. Según el pronunciamiento, la administración estatal dejó tras de sí un panorama crítico: fallas en la atención de pacientes, desabastecimiento de medicamentos y debilitamiento de la red de clínicas y hospitales. Además, acusó al Gobierno de promover una transformación improvisada “carente de planificación y desprovista de humanidad”.

La empresa española recalcó que no busca venganza, “pero sí justicia”, y pidió que quienes orquestaron o respaldaron la medida enfrenten las consecuencias en los tribunales. Exigió, además, el pago inmediato de las deudas con prestadores, garantías institucionales robustas que impidan futuras intervenciones y el fin de lo que denomina “campañas de desinformación” contra Sanitas. Con tono enfático, advirtió: “La sociedad colombiana no olvidará, y la historia los juzgará”.

El conflicto tiene su origen el 2 de abril de 2024, cuando la Superintendencia Nacional de Salud asumió el control administrativo de Sanitas, argumentando incumplimientos financieros y fallas en la prestación de servicios. La medida fue prorrogada en 2025, manteniendo bajo administración estatal a la segunda EPS más grande del país. Para la oposición y defensores del modelo mixto de salud, aquello fue un intento de desmontar las EPS desde el poder ejecutivo, en paralelo con la discusión de la reforma a la salud promovida por el Gobierno Petro.

“¡Estamos de vuelta! Con la misma pasión por la salud, la ciencia y el espíritu de comunidad que nos define, iniciamos la ardua tarea de reconstrucción. Pero debemos ser francos: el daño causado por la intervención ilegal (…) es devastador”, advirtió el comunicado de Keralty.

Con la sentencia de la Corte, Sanitas vuelve a manos de sus accionistas. El reto inmediato será reconstruir su red de servicios, normalizar la relación con clínicas y hospitales, cumplir los compromisos financieros pendientes y garantizar el servicio a los más de 5,7 millones de afiliados que dependen de su atención. Mientras tanto, el fallo marca un punto de inflexión en la batalla política y jurídica alrededor del sistema de salud colombiano.