Alias Iván Mordisco y la columna Jaime Martínez financian una carretera ilegal con dinero extorsionado a campesinos. Denuncias apuntan a que durante la alcaldía de Andrés Felipe Ramírez, bajo el liderazgo político de Duvalier Sánchez, se permitió la instalación de estaciones de gasolina en el corredor rural hoy dominado por las disidencias.

La zona rural de Jamundí vive bajo un régimen impuesto por la columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, comandada por alias Iván Mordisco. Allí, los campesinos son obligados a financiar la construcción de una vía ilegal entre los corregimientos de San Antonio y Villacolombia con pagos de 500.000 pesos por persona y 80.000 pesos adicionales por cada niño escolarizado. Las familias que sobreviven con ingresos de 50.000 o 60.000 pesos diarios enfrentan la disyuntiva de pagar o morir.

El asesinato de Ruhal Martínez, vicepresidente de Villacolombia, el 6 de agosto, fue un mensaje contundente: quien no paga, muere. La comunidad, además, debe portar un “carnet de movilidad” expedido por los disidentes para poder transitar, y en ocasiones es obligada a participar en asonadas contra la fuerza pública.

Pero el drama actual está ligado a un señalamiento político: líderes comunitarios y fuentes locales denuncian que, durante la administración del exalcalde Andrés Felipe Ramírez —bajo el liderazgo político de Duvalier Sánchez—, se facilitaron permisos y condiciones para la instalación de estaciones de gasolina en zonas controladas por las Farc. Estas gasolineras estarían ubicadas muy cerca del trazado de la vía ilegal, lo que habría reforzado la logística del grupo armado para sus operaciones y expansión territorial.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, advirtió que en otras zonas rurales del departamento se han registrado extorsiones de hasta 5 millones de pesos. Mientras tanto, el general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que gracias a sobrevuelos se ha identificado el trazado de la carretera ilegal y que se coordina una operación con la Fiscalía para detener las obras y neutralizar las actividades criminales. Sin embargo, en las veredas, el miedo crece y la desconfianza hacia las instituciones es total.