Escalada Terrorista Desata Pánico y Respuesta Institucional

Una serie de 16 atentados terroristas conmocionó a Cali y varios municipios de Cauca, dejando un saldo de 4 muertos y 5 heridos, según el brigadier general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional. Los ataques, ejecutados con motos y carros bomba, golpearon los barrios Meléndez, Manuela Beltrán y Marroquín en Cali, así como Caloto, Toribío, Morales, Miranda, El Bordo y Patía en Cauca. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, convocó un Consejo Extraordinario de Seguridad con la Tercera División del Ejército y la Policía, declarando: “Los dueños del caos y del terror pretenden desestabilizar el Valle. No se los vamos a permitir”. Toro pidió al presidente Gustavo Petro, quien visitará Cali el 11 de junio, liderar un Consejo de Seguridad regional para el suroccidente, mientras el alcalde Alejandro Eder atendió emergencias en Los Mangos y llamó a la ciudadanía a mantener la calma.

Los atentados, atribuidos a las disidencias de las Farc, reflejan la creciente audacia de grupos armados ilegales en una región estratégica para el narcotráfico. En Cali, los ataques simultáneos en tres barrios desbordaron la capacidad de respuesta inmediata, mientras en Cauca, la violencia se extendió por múltiples municipios, evidenciando la falta de control estatal. Alejandro Eder, desde redes sociales, confirmó la atención a los heridos y el despliegue de la Fuerza Pública, pero la magnitud de los hechos generó indignación. Claudia Calero, presidenta de Asocaña, expresó: “El Cauca y el Valle no pueden seguir siendo escenario de dolor y guerra”. La ausencia de inteligencia previa, sumada a la coordinación de los ataques, expone las debilidades institucionales en un contexto de polarización política y promesas incumplidas de paz. Las autoridades locales exigen una estrategia integral que combine fuerza pública con inversión social para frenar el avance de las disidencias.

Esta escalada terrorista no es un hecho aislado, sino el resultado de un conflicto enquistado en el suroccidente, donde las disidencias han fortalecido su presencia tras la ruptura del cese al fuego en marzo de 2024. La región, un corredor clave para el tráfico de cocaína hacia el Pacífico, sufre las consecuencias del abandono estatal y la pobreza, que alimentan el reclutamiento de grupos armados.