Una estudiante relata una agresión sexual por miembros de la minga indígena, desatando críticas a la gestión universitaria

El 29 de abril de 2025, una estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, integrante del medio alternativo La Avispa, denunció haber sido agredida sexualmente por un integrante de la minga indígena que acampaba en el campus para las marchas del 1 de mayo, convocadas por el presidente Gustavo Petro. Según su relato, publicado en Instagram y reportado por Infobae y El País, la joven conversaba con el agresor en la plaza Ché durante un evento cultural cuando este, tras ofrecerle licor, la llevó hacia el parqueadero del edificio de Medicina. Allí, la arrinconó contra un muro cerca de Farmacia, obligándola a practicar sexo oral. La víctima, conmocionada, regresó a la plaza y denunció el hecho ante la guardia indígena, pero optó por aleja.rse de la universidad para proteger su bienestar, declarando: “Deseo que nunca más nadie viva algo así”. La denuncia, viralizada en X por cuentas como @elpaiscali, expone tensiones entre la comunidad universitaria y la minga, que ocupó el campus desde el 26 de abril con 15,000-20,000 personas, superando los 4,000 acordados.

La respuesta institucional ha generado controversia. El rector Leopoldo Múnera y la vicerrectora Carolina Jiménez confirmaron tres casos de violencia de género, dos vinculados a la minga, y activaron protocolos de atención con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el comunicado oficial, emitido el 3 de mayo, calificó la estadía de la minga como un “valioso ejercicio de intercambio de saberes”, destacando actividades culturales y evocando al sociólogo Orlando Fals Borda, lo que causó una gran indignación por la evidente minimización de las agresiones. La universidad alegó que las condiciones climáticas obligaron a los indígenas a ocupar edificios como Ingeniería y Matemáticas, afectando clases. La minga, apoyada por Petro y los ministerios del Interior y Educación, exigía derechos como la creación de Entidades Territoriales Indígenas, pero su presencia masiva generó quejas por bloqueos y condiciones insalubres. La Fiscalía investiga, pero no hay avances reportados sobre los agresores.

El contexto de la minga agrava el caso. Desde el 26 de abril, 15,000-20,000 indígenas, liderados por organizaciones como la ONIC y el CRIC, ocuparon la Universidad Nacional supuestamente para visibilizar demandas históricas, incluyendo la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y el cese de la violencia en sus territorios. Petro defendió su presencia, afirmando que “no son un obstáculo”, mientras el Distrito, liderado por Carlos Fernando Galán, ofreció alternativas como el Parque Tercer Milenio. Sin embargo, la ocupación desbordó la capacidad del campus, generando tensiones con estudiantes que denunciaron la cancelación de clases y restricciones de acceso.

Esta denuncia no es solo un caso aislado; es un síntoma de fallas estructurales en la gestión de la convivencia y la seguridad en la Universidad Nacional. La institución, al priorizar el “diálogo intercultural” sobre medidas concretas, parece desoír el clamor de las víctimas, cuya voz, como la de la joven de La Avispa, exige justicia y prevención. La minga, no puede quedar exenta de responsabilidad cuando sus miembros cometen actos de violencia, especialmente en un contexto de consumo de alcohol, como admitió la denunciante. Petro y las directivas universitarias celebran la movilización, pero ignoran el costo humano: tres casos de violencia de género en una semana no son “daños menores”. En un país donde el 51% de las mujeres ha experimentado alguna forma de violencia, según el DANE (2024), la respuesta tibia de la universidad y la falta de avances judiciales perpetúan la impunidad.